LANOTA– El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, anunció la baja definitiva de dos altos mandos: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos de Rafael Ojeda Durán, ex titular de la Semar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. La decisión se tomó tras comprobar su vínculo con el caso de huachicol fiscal.
CUATRO MANDOS INVOLUCRADOS
Morales explicó que hasta el momento suman cuatro mandos detenidos relacionados con la red de contrabando de combustibles. Algunos de ellos ya interpusieron recursos legales para defenderse, pero la institución aplicó la normativa: “Cuando las personas no pueden cumplir con su obligación, tienen que ser dados de baja. Ya se dieron de baja”, señaló.
LA DEFENSA RECLAMA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Los abogados de los hermanos Farías Laguna rechazaron la medida y pidieron que se respete su trayectoria como militares de carrera. Argumentaron que sus clientes forman parte de la milicia permanente y que aún no existe una sentencia firme en su contra. Para la defensa, la baja viola el principio de presunción de inocencia.
LA RED DE “LOS PRIMOS”
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a los sobrinos de Ojeda Durán de liderar la red criminal conocida como Los Primos, dedicada al huachicol fiscal. En esta estructura también estarían implicados elementos de la Marina, funcionarios de aduanas y empresarios.
PROCESOS LEGALES EN CURSO
El contralmirante Fernando Farías Laguna promovió varios amparos contra la orden de aprehensión, pero es considerado prófugo de la justicia. Su defensa asegura que se presentará a comparecer cuando se resuelva un recurso que busca llevar el proceso en libertad. Por su parte, el vicealmirante Manuel Roberto ya enfrenta un proceso en el penal del Altiplano.
DEMANDA E INDEMNIZACIÓN
El abogado Epigmenio Mendieta declaró que analizan la posibilidad de presentar una demanda para obtener una indemnización, ya que sus clientes promovieron amparos para evitar ser dados de baja sin éxito. “Estamos esperando que las autoridades lo determinen”, añadió.
Aunque los mandos enfrentan procesos judiciales, la legislación garantiza que sus familias reciban el 30% de su sueldo mientras se resuelve su situación jurídica.
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