LANOTA– La destitución de José Antonio Romero Tellaeche en enero de 2026, anunciada por la Secretaria de Ciencia, Rosaura Ruiz, marcó el final de un periodo convulso en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En su lugar fue nombrada Lucero Ibarra, en un intento por devolver legitimidad a una institución que durante cinco años vivió bajo la sombra de la imposición política, el autoritarismo y las denuncias de violencia de género.
La salida de Romero no fue un hecho aislado: fue el desenlace de una crisis que comenzó desde su llegada en 2021, cuando su nombramiento fue visto como un atropello a la autonomía académica y detonó la llamada “guerra por el CIDE”.
EL ORIGEN DE LA IMPOSICIÓN
Romero Tellaeche fue ratificado en un proceso irregular, sin consulta plena al Consejo Directivo y bajo la defensa de María Elena Álvarez-Buylla, entonces directora del Conacyt. La comunidad académica denunció que se trataba de una imposición política alineada con la narrativa presidencial, que acusaba al CIDE de ser una institución “elitista” y alejada del pueblo.
La reacción fue inmediata: estudiantes tomaron las instalaciones en Santa Fe y Aguascalientes en noviembre de 2021, reclamando transparencia y respeto a la autonomía. Desde entonces, el CIDE dejó de ser un referente de excelencia para convertirse en un campo de batalla entre el poder político y la comunidad académica.
AUTORITARISMO Y CENSURA
Durante su gestión, Romero fue señalado por despidos arbitrarios y prácticas de acoso laboral. En febrero de 2023, investigadores denunciaron que el CIDE les negó apoyo para participar en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) en Vancouver, Canadá, donde se discutiría sobre autocracia y libertad académica.
La negativa al pago de viáticos fue interpretada como un intento de censura a voces críticas. El correo que notificaba la decisión fue firmado por Saúl Mendoza Palacios, secretario académico del CIDE, bajo la dirección de Romero. Este episodio reforzó la percepción de que la institución estaba siendo utilizada para silenciar disidencias y controlar el debate académico.
ACUSACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El punto más crítico llegó en noviembre de 2025, cuando un grupo de investigadoras acusó a Romero de ejercer violencia de género dentro de la institución. La denuncia, respaldada por una carta enviada a la Secretaría de Ciencia, reveló que el Órgano Interno de Control acumulaba varias quejas formales por acoso laboral.
Estas acusaciones, sumadas a la larga lista de conflictos con estudiantes y profesores, terminaron por minar cualquier legitimidad que pudiera conservar. La presión social y académica se volvió insostenible.
LA REMOCIÓN Y EL RELEVO
La decisión de Rosaura Ruiz de destituirlo y nombrar a Lucero Ibarra fue celebrada como un acto de justicia y un intento de recomponer la relación entre el CIDE y su comunidad. Sin embargo, el daño estaba hecho: el centro había perdido prestigio internacional y se había convertido en símbolo de intervención política.
CONSECUENCIAS DE LA IMPOSICIÓN
- Desprestigio internacional: El CIDE pasó de ser referente en ciencias sociales a símbolo de crisis institucional.
- Desgaste interno: La confianza en los procesos de gobernanza se debilitó, y varios investigadores renunciaron a la cátedra.
- Polarización: Se profundizó la división entre quienes defendían la autonomía académica y quienes respaldaban la línea gubernamental.
- Violencia de género y acoso laboral: Las denuncias contra Romero marcaron un precedente sobre la necesidad de mecanismos más sólidos de protección dentro de los centros públicos de investigación.
UNA LECCIÓN PARA LA AUTONOMÍA ACADÉMICA
La historia de Romero Tellaeche en el CIDE es más que un episodio de gestión fallida: es el reflejo de la tensión entre poder político y autonomía académica en México. Su imposición, los años de conflicto y su destitución final muestran cómo una institución puede ser debilitada cuando se le niega voz a su comunidad y se privilegia la obediencia política sobre la excelencia académica.
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