LANOTA.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), manifestó una postura crítica frente al reciente convenio de buena voluntad firmado entre el Gobierno de México y gigantes tecnológicos como Google, Meta y TikTok.
La institución académica calificó este esfuerzo como “insuficiente” para frenar la violencia de género en el entorno digital.
UN MODELO SIN FUERZA LEGAL NI RENDICIÓN DE CUENTAS
El análisis del PUEDJS sostiene que los acuerdos de carácter voluntario carecen de los mecanismos necesarios para proteger eficazmente a las mujeres. Al no tratarse de un marco jurídico vinculante, las empresas no enfrentan obligaciones legales exigibles ante tribunales, lo que imposibilita que las usuarias demanden el cumplimiento de las promesas de seguridad hechas por las plataformas.
De acuerdo con la máxima casa de estudios, la ausencia de una verificación externa e independiente permite que las redes sociales operen bajo su propia discrecionalidad. Sin auditorías de terceros ni sanciones establecidas por incumplimiento, el proceso de atención a denuncias queda en el aire, fortaleciendo un modelo de autorregulación donde las empresas deciden unilateralmente cuándo y cómo intervenir, perpetuando una marcada asimetría de poder.
LA MONETIZACIÓN DE LA VIOLENCIA Y EL ROL DE LOS ALGORITMOS
La investigación realizada por Tlatelolco Lab enfatiza que la violencia digital no es un evento aislado, sino una problemática estructural. El estudio señala que el modelo de negocio de estas plataformas —basado en el compromiso del usuario y la viralidad— termina por incentivar, reproducir y amplificar contenidos agresivos, monetizando de manera indirecta el odio y el acoso hacia las mujeres.
El reporte detalla que tácticas como el hostigamiento coordinado, el doxing y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento suelen evadir los filtros de moderación automáticos. Esto ocurre porque los algoritmos priorizan contenidos que generan alta interacción, los cuales, frecuentemente, resultan ser publicaciones ofensivas o campañas de odio sistemáticas.
EXIGENCIA DE REFORMAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Ante este panorama, el Tlatelolco Lab de la UNAM afirma que la integridad de las mujeres en el espacio digital no puede depender de la voluntad corporativa de las firmas tecnológicas. Por el contrario, se requiere una transición urgente hacia marcos regulatorios que establezcan protocolos de respuesta inmediata y transparencia total en los procesos de moderación de contenido.
Finalmente, el PUEDJS hizo un llamado enérgico al Congreso de la Unión para legislar en la materia. La propuesta incluye la responsabilización legal de los directivos de las tecnológicas ante la distribución de contenidos violentos, asegurando que la seguridad digital sea un derecho garantizado por el Estado y no una opción sujeta a convenios privados.
PUNTOS CLAVE DE LA POSTURA DE LA UNAM
- Insuficiencia de acuerdos: Los pactos voluntarios con Google, Meta y TikTok no generan obligaciones legales ni sanciones.
- Falta de fiscalización: No existen mecanismos independientes que verifiquen si las plataformas realmente cumplen con la protección a las usuarias.
- Lucro con el odio: Se acusa a las tecnológicas de monetizar la violencia digital, ya que sus algoritmos priorizan contenido polémico.
- Debilidad institucional: El modelo actual permite que las empresas operen bajo “autorregulación”, evadiendo la rendición de cuentas.
- Exigencia legislativa: Se urge al Congreso a crear leyes con perspectiva de género que obliguen a las plataformas a implementar protocolos de atención expedita.
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