5/06/2026
LANOTA.- A casi dos meses de haber apagado sus motores y suspendido por completo sus operaciones aéreas, la crisis financiera y operativa de Magnicharters ha entrado en una fase crítica de judicialización y conflicto gremial.
Lo que inició como un bache financiero postpandemia se ha convertido en una batalla legal donde cientos de familias de tripulantes, personal de tierra y administrativos se encuentran en el limbo laboral, sin percibir salarios ni contar con una certidumbre real sobre sus indemnizaciones.
Durante una asamblea general del sindicato celebrada este jueves 4 de junio, la dirigencia encabezada por el secretario general, Alejandro González Forasteri, destapó la estrategia jurídica que la administración de la aerolínea ha implementado para evadir sus obligaciones.
De acuerdo con los representantes de los trabajadores, la empresa intentó primeramente blindarse bajo la figura de un concurso mercantil; sin embargo, tras ser desechado y archivado el procedimiento por el juzgado, la compañía gestionó de manera inmediata su solicitud de quiebra directa, una acción calificada por el gremio como un acto de “mala fe” destinado a desgastar a la plantilla.
DE LA RESTRICCIÓN SALARIAL AL OUTSOURCING: LA CRÓNICA DE UN COLAPSO
El descontento de las bases trabajadoras no es reciente. Los líderes sindicales denunciaron que la administración de Magnicharters utilizó la crisis sanitaria de la pandemia como una coyuntura para mermar sistemáticamente los derechos adquiridos. Las acusaciones apuntan a que la aerolínea recurrió de forma agresiva a esquemas de subcontratación y atomización de su nómina para diluir las responsabilidades patronales.
“En lugar de mantener un grupo bien organizado como una empresa responsable, nos mandaron a miles de pagadoras, outsourcing, todo para poderles quitar prestaciones, antigüedades, salarios y todavía llegamos al final con este ataque a las bases trabajadoras, dejándonos sin nada”, fustigó el vocero sindical durante el encuentro informativo.
El panorama actual es de parálisis absoluta: la aerolínea no vuela, no genera ingresos y mantiene suspendidos los pagos. La declaración de quiebra obliga legalmente a la compañía a desvincular de forma individual a cada empleado ante la autoridad judicial; sin embargo, el sindicato ve con profunda desconfianza el proceso debido a que la propia administración ha incumplido las medidas cautelares dictadas por un juez laboral, las cuales la obligaban a fungir como depositaria de los bienes de la empresa a favor del resguardo de los trabajadores.
LA VÍA DE LOS CONVENIOS INDIVIDUALES Y EL ARBITRAJE FEDERAL
Ante el fracaso de una negociación colectiva con una empresa que se niega a conciliar, la estrategia del sindicato ha dado un viraje hacia la resistencia legal focalizada. Para evitar el desgaste prolongado que implicaría el estallamiento de una huelga en una empresa que ya no opera, la representación gremial se encuentra elaborando formatos individuales de liquidación. El objetivo es que cada afectado formalice los adeudos específicos que la empresa sostiene con ellos, incluyendo las prestaciones de ley esenciales: la indemnización constitucional de tres meses, los 12 días por año correspondientes a la prima de antigüedad, así como los proporcionales de vacaciones, aguinaldo y prima vacacional.
El conflicto se encuentra ahora bajo la tutela de las autoridades federales. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha tomado las riendas del arbitraje para vigilar que la transición hacia la liquidación de activos no sepulte los derechos de los trabajadores. La dirigencia sindical enfatizó que aquellos empleados que aún no hayan iniciado demandas particulares pueden adherirse a este bloque de convenios colectivos para presionar con mayor fuerza jurídica a la masa de la quiebra.
Las cartas están sobre la mesa y la definición del conflicto se trasladará a las plataformas digitales del Gobierno Federal, donde se espera que se defina el destino económico de las tripulaciones que alguna vez operaron la emblemática aerolínea vacacional mexicana.
PUNTOS CLAVE
- Giro hacia la quiebra directa: Tras el rechazo judicial de su propuesta de concurso mercantil, la administración de Magnicharters solicitó formalmente la quiebra directa, una medida que el sindicato califica como una estrategia de mala fe para evadir deudas.
- Denuncia de precarización laboral: El sindicato acusó que, desde la pandemia, la empresa desmanteló los contratos colectivos mediante la retención de salarios y el uso de múltiples empresas de outsourcing para borrar prestaciones y antigüedades.
- Estrategia de convenios individuales: Los representantes obreros preparan formatos específicos de liquidación para exigir la indemnización constitucional (tres meses de salario), prima de antigüedad (12 días por año) y proporcionales, priorizando esta vía sobre el estallamiento de huelga.
- Fecha clave en el tribunal virtual: El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral ha fijado la próxima audiencia virtual para el martes 16 de junio, donde se revisará el estatus de las bajas y los adeudos con la plantilla en el limbo.
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