12/11/2026
LANOTA.MX.- La crisis institucional en el Instituto Nacional Electoral (INE) escaló al terreno ministerial luego de que elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaran un primer cateo en instalaciones del organismo electoral como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción en la asignación de contratos.
De acuerdo con reportes confirmados por fuentes internas del propio instituto a Infobae México, el despliegue ministerial comenzó durante el miércoles 11 de noviembre en el edificio conocido como Torre Zafiro II, ubicado al sur de la Ciudad de México, y las diligencias de inspección continúan desarrollándose este jueves. Hasta el momento, la FGR no ha emitido un pronunciamiento público sobre los hallazgos de esta intervención.
Esta diligencia judicial constituye el primer cateo practicado directamente en oficinas del máximo órgano electoral del país. La intervención ocurre tras revelarse una presunta trama de conflicto de interés y tráfico de influencias que involucra a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, propietario de Cajas Graf, compañía proveedora de insumos electorales que ha mantenido vínculos contractuales con el árbitro electoral durante más de dos décadas.
Frente al impacto de las revelaciones, el propio INE acudió ante la Fiscalía General de la República para interponer una denuncia formal. Mediante un comunicado difundido el pasado 6 de noviembre, el organismo precisó que el objetivo de la querella es que la autoridad ministerial indague las “posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determine las responsabilidades correspondientes”, sin acotar la revisión a personas, cargos o periodos determinados.
El foco de la inspección federal se concentra en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, oficina que hasta hace unas semanas estaba bajo el mando de Mario Alfonso Burciaga Esparza. Dicho exfuncionario forma parte del grupo de servidores públicos que dimitieron tras ser exhibidos en un video difundido por Latinus, donde aparece compartiendo una reunión privada con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, Guadalupe Taddei y otros integrantes de la estructura administrativa.
Según información publicada por La Jornada, el operativo en Torre Zafiro II es encabezado por agentes de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), en estrecha coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
SHEINBAUM SEÑALA QUE LA FGR AÚN INTEGRA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
El avance de las pesquisas federales también fue abordado en el ámbito del Ejecutivo Federal. El pasado martes 10 de noviembre, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hasta ese momento no contaba con un reporte sobre resultados concluyentes por parte de la FGR respecto a las denuncias presentadas contra exfuncionarios electorales.
La mandataria explicó que durante la reunión matutina del Gabinete de Seguridad consultó el tema con el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien le notificó que las indagatorias se encontraban en fase inicial de integración.
“Todavía no hay información. Como ustedes saben, ha habido varias denuncias y ellos tienen que hacer sus investigaciones para saber si hay elementos suficientes o qué delito estarían persiguiendo”, declaró la titular del Ejecutivo al subrayar que corresponde al Ministerio Público determinar el encuadre penal de los hechos.
LOS VIDEOS Y CONTRATOS MILLONARIOS QUE DETONARON LA CRISIS EN EL INE
El escándalo que sacudió la cúpula del órgano electoral estalló tras la publicación de una serie de reportajes periodísticos y videograbaciones por parte de Latinus. En el material audiovisual se observa a Guadalupe Taddei y a diversos mandos administrativos del INE conviviendo en encuentros privados con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado legal de Cajas Graf, firma dedicada a la fabricación de papelería y materiales electorales.
Las investigaciones periodísticas pusieron bajo la lupa los montos adjudicados a las empresas ligadas al empresario en los últimos años:
- Elección Judicial de 2025: Latinus documentó que Cajas Graf obtuvo un contrato por un monto máximo de 198.7 millones de pesos para el suministro de materiales destinados a los comicios extraordinarios del Poder Judicial.
- Antecedente en Sonora (2021): El medio también rastreó un contrato previo por 46.8 millones de pesos otorgado en 2021 por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, entidad donde Taddei presidió el organismo local antes de llegar al INE.
- Licitación de credenciales para votar: En otra de las grabaciones divulgadas, el exdirector de Recursos Materiales, Mario Alfonso Burciaga Esparza, fue captado durante un festejo junto a contratistas y funcionarios electorales, reunión en la que presuntamente celebraban el fallo de adjudicación para la producción de la credencial para votar.
La difusión de estas evidencias desató una ola de señalamientos por presunto conflicto de interés y llevó a que Guadalupe Taddei renunciara a la presidencia del INE el pasado 26 de octubre, desencadenando además una cascada de salidas en la estructura operativa del instituto. Corresponderá ahora a las fiscalías especializadas de la FGR acreditar si existieron ilícitos administrativos o penales tanto en los procesos de licitación como en el actuar de los exservidores públicos y proveedores involucrados.
PUNTOS CLAVE
- Cateo en Torre Zafiro II: Agentes de la FGR (a través de la FISEL y la FEMDO) iniciaron el miércoles 11 de noviembre un primer cateo en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios del INE, diligencia que continúa este jueves.
- Origen de la denuncia: La inspección responde a la denuncia presentada por el propio INE el 6 de noviembre, tras difundirse videos de reuniones privadas entre la expresidenta Guadalupe Taddei, exfuncionarios y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, dueño de Cajas Graf.
- Contratos bajo la lupa: Entre las adjudicaciones cuestionadas destacan un contrato de 198.7 millones de pesos para materiales de la elección judicial de 2025 y otro de 46.8 millones de pesos firmado en Sonora en 2021, además de la licitación para credenciales de elector.
- Renuncias y postura presidencial: El escándalo provocó la dimisión de Guadalupe Taddei el 26 de octubre y la salida de colaboradores como Mario Alfonso Burciaga; por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló el martes que la FGR aún recaba elementos para determinar los posibles delitos.
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