12/11/2026
LANOTA.MX.- Vivir en la Ciudad de México se ha convertido en un privilegio cada vez más restringido por el mercado inmobiliario. Mientras el precio promedio de una vivienda alcanzó los 4.2 millones de pesos al cierre del tercer trimestre de 2026 —de acuerdo con cifras de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF)—, el 54.2% de los hogares capitalinos cuenta con menos de 700,000 pesos para adquirir un patrimonio propio.
Esa distancia abismal entre los ingresos familiares y el costo del metro cuadrado es el motor detrás de una expulsión silenciosa que lleva más de dos décadas vaciando las zonas mejor conectadas de la capital. Así lo diagnostica el Plan General de Desarrollo (PGD) 2027-2047, recién avalado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP).
Según las proyecciones del documento rector, alrededor de 30,000 familias se ven obligadas a dejar la Ciudad de México cada año, y siete de cada diez (cerca del 70%) terminan reubicándose en municipios de la periferia metropolitana. Entre los años 2000 y 2020, el saldo migratorio interno significó la salida de 1 millón 610,992 personas.
“Este desplazamiento muestra efectos segregadores asociados a la elevación del costo de la vivienda. (…) Es notable que miles de personas cambian de lugar de residencia en busca de mejores condiciones de vida fuera de la capital”, reconoce el diagnóstico oficial del IPDP.
UNA CIUDAD DIVIDIDA: EL CENTRO SE VACÍA Y LA PERIFERIA SE SATURA
La presión inmobiliaria ha dibujado una frontera socio-territorial marcada dentro de la propia capital. El PGD 2027-2047 alerta sobre la pérdida sostenida de habitantes en cinco alcaldías centrales —Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Coyoacán—, que hoy reúnen apenas al 26.6% de la población total.
A pesar de su baja densidad demográfica relativa, ese polígono céntrico concentra la mayor oferta de transporte, equipamiento urbano y grandes inversiones financieras, comerciales e inmobiliarias, lo que ha disparado la gentrificación y los precios de venta y arrendamiento.
En el extremo opuesto, las once demarcaciones restantes albergan al 73.4% de los capitalinos. El desequilibrio es tal que casi la mitad de la población de toda la ciudad (48%) se concentra en solo cuatro alcaldías —Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan—, territorios donde persisten bolsas críticas de pobreza y marginación urbana.
EL RETO DE ABATIR EL REZAGO HABITACIONAL AL 1.1% EN DOS DÉCADAS
Más allá de quién puede comprar o rentar, el plan de largo plazo reconoce que miles de familias ya residentes viven en condiciones precarias. Por ello, fija como prioridad reducir el rezago habitacional (viviendas con materiales deteriorados o carencias estructurales), cuya línea base en 2024 se ubicó en 6%.
De no aplicarse cambios de fondo, la tendencia inercial apenas reduciría ese indicador a 5.3% hacia 2047. Frente a ello, el PGD plantea dos horizontes de intervención:
- Escenario deseable: Recortar el rezago habitacional a la mitad, ubicándolo en 3%.
- Escenario transformador: Abatirlo hasta 1.1% mediante una política agresiva de mejoramiento y producción social de vivienda.
“Estos fenómenos socio-territoriales expresan profundas desigualdades y la necesidad de reorientar el rumbo de la planeación del desarrollo y de las políticas urbanas, ambientales, económicas, laborales, educativas, tecnológicas y socio-territoriales”, advierte el texto aprobado por el IPDP.
APENAS QUEDAN 27.1 HECTÁREAS DE SUELO SOCIAL EN TODA LA CAPITAL
Uno de los datos más reveladores del diagnóstico es el agotamiento casi total de las reservas territoriales destinadas a vivienda accesible: en toda la Ciudad de México existen únicamente 27.1 hectáreas de suelo social registradas.
Para revertir esta parálisis —agravada por trabas normativas y la especulación inmobiliaria—, el PGD propone crear un Banco de Suelo con el mandato de recuperar la “rectoría pública y garantizar la función social de la tierra”. A través de este instrumento, el gobierno capitalino buscará adquirir y reservar terrenos estratégicos para construir vivienda social enfocada prioritariamente en madres jefas de familia, jóvenes, comunidades indígenas y personas en situación de calle.
SIETE CANDADOS CONTRA LA EXPULSIÓN: RENTAS PÚBLICAS, DEFENSA LEGAL Y CONTROL A AIRBNB
Para contener el encarecimiento del alquiler y frenar el desplazamiento urbano en los próximos veinte años, el PGD 2027-2047 complementa el Banco de Suelo con siete líneas de acción directa:
- Parque público de vivienda en alquiler: Construcción y administración estatal de departamentos en renta con cuotas topadas y proporcionales al ingreso de cada familia.
- Vivienda céntrica para jóvenes: Esquemas de arrendamiento asequible y vivienda compartida para estudiantes, jóvenes trabajadores y grupos vulnerables cerca de nodos educativos y laborales.
- Defensa legal gratuita para inquilinos: Creación de una defensoría pública especializada en materia de arrendamiento para frenar desalojos injustificados y abusos, respaldada por la futura Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles.
- Freno al hospedaje turístico masivo: Padrón obligatorio y regulación de densidad para plataformas digitales de renta temporal (como Airbnb) en zonas de alta presión inmobiliaria.
- Impulso a cooperativas de vivienda: Reconocimiento jurídico y financiamiento público para proyectos de propiedad colectiva, cooperativas habitacionales y regímenes de usufructo.
- Subsidios para autoconstrucción: Apoyos directos para materiales y acompañamiento técnico especializado bajo criterios de accesibilidad universal y pertinencia cultural.
- Regularización territorial y digitalización: Programas masivos de escrituración y modernización del Registro Público de la Propiedad para combatir el despojo patrimonial.
PUNTOS CLAVE
- Desplazamiento masivo: Cada año unas 30,000 familias abandonan la CDMX —70% rumbo a la periferia— debido a que el precio promedio de la vivienda llegó a 4.2 millones de pesos en 2026, mientras el 54.2% de los hogares tiene menos de 700,000 pesos para comprar.
- Desigualdad urbana: Cinco alcaldías centrales concentran el 26.6% de los habitantes pero acaparan la inversión inmobiliaria; en contraste, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan concentran el 48% de la población capitalina.
- Escasez crítica de tierra: En toda la capital apenas quedan 27.1 hectáreas de suelo social, por lo que el PGD 2027-2047 propone crear un Banco de Suelo para vivienda dirigida a madres jefas de familia, jóvenes, indígenas y personas en situación de calle.
- Nuevas reglas para rentar: El plan contempla vivienda pública en alquiler proporcional al ingreso, defensoría legal gratuita para inquilinos, regulación a plataformas de hospedaje digital y una meta para bajar el rezago habitacional del 6% al 1.1% en el escenario transformador hacia 2047.
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