LANOTA.MX– El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que los policías municipales que integraban el primer círculo de seguridad del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no se encuentran detenidos por ninguna autoridad federal, estatal o municipal.
Durante la conferencia matutina de este martes 11 de noviembre, el funcionario explicó que los agentes están localizados y acuden a declarar cada vez que son requeridos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán.
“Los escoltas de Carlos Manzo no están detenidos, pero están localizados y acuden a declarar cada que se les llama”, precisó Harfuch.
LA FISCALÍA DE MICHOACÁN MANTIENE LAS INVESTIGACIONES
El secretario detalló que la FGE de Michoacán continúa a cargo de los peritajes, incluyendo la revisión del arma utilizada en el homicidio y otros indicios relacionados con el crimen.
La dependencia estatal confirmó además la participación de un joven originario de Paracho en el asesinato del edil de Uruapan, ocurrido recientemente.
LA FGR VALORARÁ SI ATRAERÁ EL CASO
García Harfuch señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) aún no ha determinado si intervendrá directamente en la investigación.
“Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República. Hoy tendremos una valoración sobre el caso y, en su momento, él informará si se atrae o no. Eso dependerá directamente de la propia FGR”, comentó.
POSIBLE CRIMEN POLÍTICO
Aunque las primeras líneas de investigación apuntan a la delincuencia organizada, el titular de la SSPC no descartó que la muerte del alcalde pudiera estar relacionada con motivos políticos.
“No descartamos ninguna hipótesis, incluyendo que se trate de un crimen político”, señaló el funcionario federal.
GUARDIA NACIONAL REFORZARÁ LA PROTECCIÓN A FUNCIONARIOS
Durante la misma conferencia, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la Guardia Nacional ha desplegado 70 escoltas y más de 450 elementos operativos para la protección de funcionarios y mandatarios en todo el país.
Estos operativos se realizan bajo un esquema de análisis de riesgo y nivel de amenaza, implementado desde octubre de 2024, con el fin de fortalecer la seguridad de servidores públicos en regiones con alta incidencia delictiva.
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