El abogado penalista Gabriel Regino ha propinado un severo golpe a la credibilidad de la Consejería Jurídica de la Presidencia, calificando de “aberración total” y “manipulación informativa” la defensa que Luisa María Alcalde ha montado para evitar la captura de Rubén Rocha Moya. Al exigir que Estados Unidos acredite una “urgencia” inexistente en los tratados y confundir arbitrariamente el Código Nacional de Procedimientos Penales con la Ley de Extradición, el Gobierno Federal no solo exhibe una supuesta pereza jurídica, sino una estrategia deliberada de encubrimiento. Según el catedrático de la UNAM, la ley es clara: la detención provisional sirve para evitar la fuga y no requiere pruebas de responsabilidad previa; al ignorar esto, el Estado mexicano prioriza la impunidad de un aliado señalado por narcotráfico sobre el cumplimiento de sus compromisos internacionales y el rigor del derecho.