09/10/2026
LANOTA.MX.- La crisis de seguridad que sacude al sistema penitenciario de Sinaloa encontró su punto más crítico este jueves 8 de octubre, cuando una violenta riña armada al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatán, dejó un saldo devastador de 10 personas fallecidas —incluyendo a un menor de edad— y 16 lesionados.
Sin embargo, este sangriento episodio no surge en el vacío institucional: apenas semanas atrás, el centro de reclusión había sido reprobado contundentemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2025, obteniendo una calificación de 5.25 sobre 10, ubicada dentro del rango rojo de evaluación.
El informe de la CNDH, que evalúa de manera integral el funcionamiento de los centros de privación de la libertad en el país, dejó al descubierto una serie de deficiencias estructurales críticas en El Castillo. Mientras que el promedio general del estado de Sinaloa se ubicó en un deficiente 5.02 puntos —con su contraparte, el penal de Goros II, registrando un desalentador 4.79—, el penal mazatleco evidenció graves fallas en materia de gobernabilidad, control institucional y protocolos de seguridad.
La escala del organismo protector de derechos humanos sitúa las calificaciones menores a 5.9 en la categoría de riesgo máximo, un presagio documentado de las condiciones de vulnerabilidad que imperaban tras los muros.
DÉFICIT DE CUSTODIOS, ACTIVIDADES ILÍCITAS Y NULA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
Entre las anomalías más graves detectadas por el organismo autónomo durante sus supervisiones destaca la alarmante insuficiencia de personal de seguridad y custodia, un factor determinante que socava la capacidad de respuesta y el control del penal frente a pugnas entre grupos internos.
A este vacío operativo se sumó la comprobación de actividades ilícitas al interior del complejo, así como la ausencia de mecanismos eficaces para la prevención de incidentes violentos y la protección de los derechos humanos de la población carcelaria.
El documento también evidenció severas deficiencias en las vías institucionales para que las personas privadas de la libertad presentaran quejas, además de irregularidades en la aplicación de sanciones disciplinarias, falta de capacitación continua para los operadores penitenciarios y normatividad interna desactualizada.
Aunque el penal contaba con una población que no rebasaba formalmente su capacidad máxima instalada —registrando 1,247 hombres y 42 mujeres frente a un límite autorizado superior—, las condiciones de gobernabilidad se encontraban gravemente comprometidas por la falta de supervisión estricta y de filtros de seguridad efectivos.
DEFICIENCIAS EN SALUD, ALIMENTACIÓN Y AISLAMIENTO DE RIESGOS
Más allá de la seguridad operativa, el DNSP 2025 documentó condiciones materiales e higiénicas precarias en los dormitorios, agravadas por deficiencias crónicas en los servicios de salud y en las áreas destinadas a la cocina y los comedores.
La CNDH enumeró fallas críticas en la infraestructura destinada a la estancia digna, instalaciones deterioradas para la comunicación con el exterior y una marcada insuficiencia de espacios médicos adecuados para atender contingencias sanitarias dentro de la población penitenciaria.
Otro de los flancos más vulnerables señalados en el diagnóstico fue la inadecuada clasificación de los internos, advirtiendo una deficiente separación entre personas procesadas y sentenciadas. Esta mezcla administrativa vulnera los principios básicos de reinserción social y presunción de inocencia, propiciando un ambiente propicio para el autogobierno y las disputas de poder.
Aunque el informe reconoció de manera favorable la existencia de algunas actividades laborales y programas de desintoxicación, estas acciones resultaron insuficientes frente al deterioro generalizado de la estructura institucional.
LA RIÑA ARMADA Y EL DESPLIEGUE MILITAR QUE DESNUDÓ EL CAOS
La tragedia estalló cuando el conflicto entre internos escaló desde el módulo cuatro hasta el módulo cinco del penal, desatando detonaciones por arma de fuego que cobraron la vida de nueve reos y de un niño de dos años que realizaba una visita familiar.
Ante la magnitud de los hechos, las autoridades estatales desplegaron un operativo masivo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal para retomar el control del inmueble.
Si bien las primeras versiones oficiales descartaron la incursión de un comando armado externo y atribuyeron el enfrentamiento a pugnas internas, el hallazgo de armas de fuego cortas calibre nueve milímetros al interior de las celdas abrió una profunda indagatoria a cargo de la Fiscalía General del Estado para esclarecer las redes de complicidad y corrupción que permitieron el ingreso de armamento.
Mientras tanto, las visitas familiares permanecen suspendidas de manera indefinida, dejando al descubierto la urgente necesidad de una intervención integral en el sistema penitenciario de Sinaloa.
PUNTOS CLAVE:
- Evaluación reprobatoria: El penal de El Castillo obtuvo una calificación de 5.25 (rango rojo) en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH.
- Saldo fatal: Una violenta riña armada registrada este jueves dejó un saldo trágico de 10 personas fallecidas, entre ellas un menor de dos años, y 16 lesionados.
- Fallas estructurales: El informe documentó escasez de custodios, presencia de actividades ilícitas, nula prevención de violencia y deficiente separación entre procesados y sentenciados.
- Carencias materiales: Se detectaron graves problemas en servicios de salud, alimentación, condiciones higiénicas en dormitorios y áreas médicas deterioradas.
- Investigación en curso: Autoridades aseguraron armas de fuego al interior del penal, lo que desató indagatorias para determinar cómo ingresó el armamento bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado.
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