11/06/2026
LANOTA.- La llegada de un nuevo gobierno a Veracruz no ha cambiado el trágico guion que convierte a la entidad en una fosa para la libertad de prensa. A nueve días de que un comando armado secuestrara de manera violenta a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en el municipio de Nanchital, la respuesta oficial de la actual administración refleja una indolencia sistémica.
En lugar de asumir una estrategia de Estado para frenar la impunidad, la gobernadora Rocío Nahle ha optado por el desapego político, “echando la bolita” de forma sistemática a la Fiscalía General del Estado (FGE), en un territorio donde ejercer el periodismo sigue siendo una sentencia de muerte.
El caso de la directora y propietaria del medio digital Pulso Informativo del Sureste ha encendido las alarmas internacionales. La organización defensora de los derechos humanos y la libertad de expresión, Artículo 19, ha urgido públicamente a las autoridades a no detener las labores de búsqueda con vida, en medio de un peligroso vacío informativo que ha dejado a la familia de la víctima en el desamparo institucional.
INDOLENCIA EN EL EJECUTIVO: NAHLE ELUDE RESPONSABILIDADES ANTE LA CRISIS
Para el gremio periodístico en Veracruz, el comportamiento de la gobernadora Rocío Nahle repite los patrones de simulación y abandono de sus antecesores. A pesar de la gravedad del asalto —donde un grupo de hombres con el rostro cubierto destrozó los accesos de la vivienda de la comunicadora el pasado 2 de junio a las 06:00 horas—, el Ejecutivo local tardó dos días completos en emitir un pronunciamiento público.
Esta respuesta tardía no fue un error logístico, sino el preámbulo de una postura política basada en la evasión. Desde el palacio de gobierno en Xalapa, la directriz ha sido clara: canalizar toda la presión mediática hacia la Fiscalía de Veracruz. Al escudarse en la autonomía de la FGE, Nahle elude la responsabilidad constitucional de proveer seguridad pública y prevenir las agresiones contra la prensa, una deficiencia que mantiene al estado en los índices más altos de violencia contra reporteros en América Latina.
Mientras el gobierno estatal se desmarca de la emergencia, los nulos resultados de las “diligencias prioritarias” de la fiscalía contrastan con la brutalidad del ataque original. El comando no solo privó de la libertad a Roxana Guzmán; también agredió físicamente a sus familiares, provocando que el padre de la periodista tuviera que ser hospitalizado de urgencia debido a los golpes recibidos.
OPACIDAD DE LA FISCALÍA CON LA FAMILIA MIENTRAS FLUYEN LAS FILTRACIONES
Una de las denuncias más graves expuestas por Artículo 19 es la ruptura de los canales formales de comunicación entre las autoridades ministeriales y las víctimas indirectas. La madre de la periodista desaparecida rompió el silencio ante medios locales para manifestar su desesperación, asegurando que ha tenido conocimiento de algunos avances únicamente a través de redes sociales y publicaciones periodísticas filtradas, una práctica recurrente de la fiscalía para simular eficiencia ante la opinión pública.
Entre estos datos informales, la madre mencionó la detención de seis personas presuntamente relacionadas con el caso y la posterior liberación de algunos de los involucrados, sin que la FGE ofreciera una explicación formal o garantías de seguridad a los denunciantes. Ante esto, los organismos defensores exigen que se formalicen las líneas de investigación con perspectiva de protección a la libertad de expresión, deteniendo la revictimización de los afectados.
Por su parte, el Gobierno Federal ha tenido que intervenir de forma colateral debido a la parálisis en el mando estatal. Representantes de la Presidencia de la República y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas han establecido contacto con la familia, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum se limitó a declarar que la prioridad absoluta debe ser hallar a Roxana Guzmán antes de aclarar los motivos del secuestro, en un intento por contener la ola de indignación nacional.
REVICTIMIZACIÓN MEDIÁTICA Y UN CONTEXTO HISTÓRICO DE RIESGO EXTREMO
El secuestro de la directora de Pulso Informativo del Sureste ocurre bajo un entorno hostil que no solo se alimenta de las armas y la inacción gubernamental, sino también de campañas de desprestigio digital. Artículo 19 externó su profunda inquietud ante la cobertura de ciertos espacios digitales que han difundido narrativas especulativas con el objetivo de responsabilizar a las decisiones editoriales de la víctima o vincular el caso con actividades ilícitas de terceros. Esta estrategia de siembra de rumores suele ser utilizada para aminorar el costo político de las autoridades, justificando indirectamente la inacción del Estado bajo la lógica de culpar a la propia víctima.
Veracruz se mantiene históricamente como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo, acumulando agresiones, amenazas y desapariciones forzadas que permanecen en la impunidad total. El caso de Roxana Guzmán se convierte en la primera gran prueba de fuego en materia de libertad de prensa para el gobierno de Rocío Nahle, quien hasta el momento ha demostrado que su prioridad es resguardar la narrativa política de su administración antes que enfrentar las carencias estructurales de seguridad que desangran al estado.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Desaparición Activa: La periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, propietaria de Pulso Informativo del Sureste, cumple nueve días desaparecida tras ser privada de la libertad de forma violenta por un grupo armado en Nanchital, Veracruz.
- Apatía de Rocío Nahle: La gobernadora de Veracruz ha mostrado desapego ante la crisis, emitiendo un mensaje oficial con dos días de retraso y delegando por completo la responsabilidad a la Fiscalía General del Estado.
- Violencia Intrafamiliar: Durante el ataque a la vivienda el pasado 2 de junio, familiares de la comunicadora sufrieron graves agresiones físicas; el padre de la víctima tuvo que ser hospitalizado tras la irrupción del comando.
- Mal manejo informativo: La madre de Roxana Guzmán denunció que las autoridades estatales disminuyeron la comunicación formal con la familia, obligándolos a enterarse de la supuesta captura y liberación de sospechosos mediante filtraciones en redes sociales.
- Exigencia de Artículo 19: La organización defensora demandó frenar las narrativas especulativas que pretenden revictimizar a la reportera, exigiendo al Estado una investigación imparcial que reconozca el contexto de alto riesgo que impera en Veracruz para el ejercicio de la prensa.
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