LANOTA.– El Senado de la República volvió a demostrar que la prisa es la mejor aliada del poder. Tras apenas dos días de audiencias públicas y un dictamen armado sobre las rodillas, las comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos aprobaron la reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y avalada sin titubeos por Morena, PT y Verde.
La votación fue tan ilustrativa como predecible: 32 a favor, 12 en contra. Dos jornadas de debate, ajustes de última hora, y asunto resuelto. ¿Para qué desgastarse con semanas de discusión si se trata solo de la columna vertebral que protege los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado?
LOS AJUSTES: UNA MANO DE PINTURA
El morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, presumió que se hicieron cambios “sustanciales”: ampliación del interés legítimo para causas colectivas y ajustes sobre el cumplimiento de sentencias. En su narrativa, el dictamen ofrece mayor certeza jurídica y acceso efectivo a la justicia.
Pero la oposición no compró la versión oficial. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que los puntos más preocupantes quedaron intactos: la limitación a la suspensión del acto reclamado en materia fiscal, financiera y de deuda pública; la ambigüedad del concepto de interés legítimo; y la creación de un régimen de privilegios para las autoridades, que podrían evadir garantías mientras los ciudadanos deben seguir cumpliendo.
“REFORMA SOBRE LAS RODILLAS”
Las críticas fueron directas:
- La senadora panista Guadalupe Murguía describió el dictamen como “una reforma apresurada, hecha sobre las rodillas”.
- La emecista Alejandra Barrales advirtió un “grave retroceso” que borra los avances en derechos humanos logrados en la reforma de 2011.
Ambas coincidieron en el mismo punto: la prisa con la que Morena y aliados empujaron la iniciativa muestra más interés en blindar al Gobierno que en proteger a los ciudadanos.
UNA PREMURA SOSPECHOSA
La narrativa oficial presume apertura, diálogo y correcciones, pero la realidad deja ver otra cosa: dos días de audiencias públicas bastaron para decir que se escuchó a los expertos, aunque la mayoría de sus advertencias quedaron fuera del dictamen final.
La ironía es inevitable: si para legislar sobre el corazón de los derechos ciudadanos se requieren solo 48 horas, ¿qué sigue?, ¿una reforma constitucional aprobada en coffee break?
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