Un análisis de la Universidad Iberoamericana cuestiona la baja en homicidios reportada por el INEGI y el SESNSP, al revelar un severo subregistro y maquillaje estadístico en las fiscalías estatales. La brecha entre certificados de defunción e investigaciones de las fiscalías creció al 15% —omitiendo más de 3,600 homicidios en las carpetas oficiales—, mientras que los homicidios “culposos” con arma de fuego aumentaron casi 500%. Esta reclasificación es clave: al tipificar ejecuciones como muertes no intencionales (culposas) en lugar de intencionales (dolosas), se reduce artificialmente el índice de criminalidad delictiva, por lo que la IBERO urgió una auditoría independiente a las cifras oficiales