LANOTA.– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la OFAC decidieron asomarse a las playas de Rosarito, pero no para tomarse margaritas en Bombay Beach Club ni mariscos en El Caimán, sino para anunciar sanciones contra una red de lavado de dinero que, según ellos, opera bajo la marca registrada de “La Mayiza”, la facción del Cártel de Sinaloa que hace tiempo dejó de ser discreta.
El menú incluye a los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias El Aquiles y La Rana, los mismos que han convertido a Baja California en la sala de espera del “Mayo” Zambada. Pero también aparece un empresario de corte turístico: Jesús González Lomelí, propietario de bares y restaurantes donde los dólares se sirven con limón y sal.
LA POLÍTICA, SIEMPRE SERVICIAL
La sorpresa no es que haya narcos en Rosarito. La sorpresa es que entre tantos nombres aparezca el de una legisladora que supuestamente defiende a los bajacalifornianos: Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa del municipio.
Durante su administración, casualmente, personajes como González Lomelí y Candelario Arcega Aguirre encontraron alfombra roja para expandir negocios y amistades. Arcega, tan cercano a Brown que casi parecía secretario de agenda, facilitó la entrada del cártel a los pasillos municipales, mientras el aparato de seguridad local se hacía de la vista gorda.
CURRÍCULUM CON PLAYA Y SOMBRA
Brown se vende como la primera mujer en gobernar Rosarito (2019) y como docente de formación. Pero en los archivos aparece más como la alcaldesa que dejó crecer la influencia criminal al grado de que hoy la OFAC la observa de reojo.
En 2021 brincó a diputada federal y se integró en comisiones de frontera y desarrollo metropolitano. Lo irónico: mientras en San Lázaro se discuten estrategias de seguridad y cooperación internacional, su nombre aparece en los mismos reportes donde se habla de extorsión, rutas de fentanilo y blanqueo de capitales.
WASHINGTON, MÁS PUNTUAL QUE LA FGR
Las sanciones anunciadas bajo la Orden Ejecutiva 14059 buscan cortar las venas financieras del cártel. Y aunque la DEA ya tiene en la lista negra a “El Aquiles” y “La Rana”, en México seguimos bajo el deporte nacional de la “omisión institucional”: la diputada sigue en su curul, y sus presuntos socios se pasean con sombrilla por el malecón.
IRONÍAS DE LA POLÍTICA MEXICANA
Mientras Estados Unidos mueve sus fichas contra “La Mayiza”, en Baja California se defiende el discurso de la “transformación”. La pregunta es si Morena sabía que en su bancada había una legisladora que servía tanto al turismo como a la economía criminal.
Porque en Rosarito, al parecer, no hay que elegir entre playa y narco: se puede tener todo, con respaldo político incluido.
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