LANOTA.- La detención de Santiago N., uno de los presuntos implicados en la violación ocurrida dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), desató una ola de indignación y exigencia de justicia que se extiende más allá del campus.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó la captura la mañana del 22 de octubre, al tiempo que la Fiscalía estatal informó tener plenamente identificados a los demás involucrados.
“Me acaba de informar la Fiscalía que ya fue detenido Santiago N., presunto involucrado en la denuncia por violación en un plantel universitario de nuestra capital. Agradezco a la Fiscalía por actuar rápido y con determinación”, declaró el mandatario estatal.
Sin embargo, para cientos de estudiantes, la detención representa apenas el primer paso de un proceso que debe exhibir y desmontar los mecanismos de encubrimiento que han permitido la impunidad en casos de violencia sexual dentro de la universidad.
EXPULSIÓN Y CRISIS EN LA UASLP
Tras conocerse la detención, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí anunció la expulsión definitiva de dos alumnos de la Facultad de Derecho, identificados como Santiago Salazar Rebolloso —ya detenido— y Santiago Saúl Quiroz, ambos de tercer semestre.
La institución precisó que los jóvenes violaron gravemente los principios y valores universitarios, motivo por el cual su permanencia resultaba incompatible con la normatividad interna.
“Tolerancia cero ante cualquier forma de violencia”, afirmó el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra, quien además destituyó a la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Magdalena González Vega, y aceptó la renuncia del director de la Facultad de Derecho, Germán Federico Pedroza Gaitán, como parte de las exigencias del paro estudiantil.
LOS VÍNCULOS POLÍTICOS
De acuerdo con información difundida en medios locales, ambos jóvenes mantenían vínculos con el movimiento juvenil de Morena en San Luis Potosí, donde ocupaban cargos de Secretario General y Coordinador Estatal.
Hasta el momento, el partido no ha emitido postura oficial, pero el hecho reaviva el debate sobre las redes de poder e influencia política dentro de los espacios universitarios.
UNA UNIVERSIDAD BAJO FUEGO
Desde que se hizo pública la denuncia, estudiantes y colectivas feministas han tomado varias facultades para exigir justicia y transparencia en la investigación. Reclaman que las autoridades universitarias fueron omisas y minimizaron la denuncia, priorizando el control de daños sobre la atención a la víctima.
El rector Zermeño Guerra anunció además la revisión de protocolos y nuevas medidas de protección para víctimas, aunque las alumnas han respondido con escepticismo: “No queremos discursos, queremos justicia”.
UN CASO QUE MARCA A SAN LUIS POTOSÍ
El arresto de Santiago N. marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad universitaria, pero también expone la urgencia de transformar las estructuras institucionales que por años encubrieron abusos.
La Fiscalía confirmó que los demás implicados ya fueron identificados y serán presentados ante la justicia “en las próximas horas”.
Mientras tanto, la comunidad estudiantil mantiene la protesta y el país entero observa con indignación cómo un crimen dentro de una universidad pública se convierte en un símbolo del hartazgo ante la violencia de género.
Síguenos en @LaNotaDeMexico
