El hallazgo sin vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez tras 24 días de su secuestro en Nanchital pone en evidencia la lenta respuesta de la Fiscalía de Veracruz y la impunidad estructural que asfixia a la prensa local. Pese a las exigencias de colectivos como ARTICLE 19 y CIMAC, el cuerpo fue localizado en Moloacán no por labores científicas preventivas de la FGE Veracruz, sino tras la captura federal y confesión de José del Carmen “N”, alias “Delta 7”. El caso alcanza su punto más crítico de complicidad institucional al confirmarse la detención de cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste, acusados de brindar apoyo logístico al grupo criminal de “La Hiena” y los operadores “Delta 1” y “Delta 11”, consumando una tragedia que el Estado ignoró desde el exilio de la comunicadora en 2017