Un informe de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa reveló 47 sanciones administrativas a servidores públicos y a una empresa, las cuales incluyen destituciones, multas globales por 4.6 millones de pesos e inhabilitaciones de hasta 10 años por faltas que van desde daños patrimoniales y fraudes hasta negligencias médicas con saldo mortal, maltrato infantil y acoso sexual. No obstante, diversas resoluciones han generado debate público por considerarse lenitivas o desproporcionadas frente a la gravedad de los casos detectados en instituciones clave del país