Denuncian abuso sexual contra menores de 5 a 13 años en capilla de SLP; señalan al exsacristán

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Señalan a sacristán de la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe en SLP.

19/11/2026

LANOTA.MX.-  La Arquidiócesis de San Luis Potosí abrió una indagatoria interna luego de recibir denuncias por presunto abuso sexual en agravio de menores de edad, hechos que se atribuyen a un hombre que laboraba como sacristán en la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, situada en la colonia Prados Segunda Sección, dentro del municipio de Villa de Pozos. Mientras las madres de los afectados ya formalizaron una querella penal ante la Fiscalía estatal, la institución católica informó que brinda respaldo jurídico, psicológico y espiritual a las familias.

El caso llegó al conocimiento de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables tras atender a dos madres de familia, quienes advirtieron que el número de víctimas podría ser mayor al registrado inicialmente. De acuerdo con los datos recabados hasta el momento, se estima que al menos ocho niñas y niños, cuyas edades oscilan entre los cinco y los 13 años, habrían sido afectados por estas conductas.

SEÑALAMIENTOS GRAVES Y RENUNCIA DEL PRESUNTO RESPONSABLE

La responsable de la Oficina de Recepción de Denuncias de dicha Comisión, Lucila Olguín Segura, reservó los pormenores de los testimonios para evitar procesos de revictimización contra los menores; no obstante, confirmó la severidad de las acusaciones y su alcance legal. “Son hechos graves y constitutivos de delito”, puntualizó la representante diocesana al abordar el caso.

Los presuntos abusos se imputan a quien fungía como sacristán del recinto religioso localizado en Plaza de las Águilas, en Prados Segunda Sección. Según precisó Olguín Segura, el individuo presentó su renuncia al puesto el viernes anterior a que las madres acudieran a reportar la situación ante las oficinas del Arzobispado.

De igual forma, trascendió que en sus relatos las denunciantes habrían mencionado una eventual implicación tanto de la esposa del exsacristán como de un sacerdote. Sobre estos señalamientos adicionales y el contexto específico en que habrían ocurrido las agresiones, la instancia eclesiástica optó por no revelar mayores detalles mientras avanzan las averiguaciones.

RUTA DE COLABORACIÓN CON LA FISCALÍA Y PROTOCOLO ECLESIAL

Olguín Segura detalló que la normativa interna de la Iglesia impide que cualquier persona adscrita a sus actividades continúe en funciones cuando pesa sobre ella una acusación de esta índole, dado el riesgo potencial para la comunidad. Cuando el señalado es un presbítero, se aplican medidas cautelares como la suspensión ministerial; en el caso de empleados laicos, procede la separación laboral mediante renuncia o finiquito bajo los marcos de la legislación del trabajo y la Ley de Asociaciones Religiosas.

En el plano institucional, la Arquidiócesis tiene la obligación de documentar los testimonios y remitir un informe técnico a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Aunque la Iglesia carece de personalidad jurídica para interponer denuncias penales por cuenta propia, entrega a las familias un expediente sobre lo sucedido dentro del inmueble religioso y mantiene disposición para coadyuvar con la autoridad ministerial, lo que contempla facilitar el acceso al templo en caso de requerirse una reconstrucción de hechos para integrar la carpeta de investigación.

Este mecanismo responde a los lineamientos de la Comisión Diocesana, organismo instaurado en 2019 bajo la política de “tolerancia cero” impulsada por el papa Francisco frente a los abusos sexuales. Dicho protocolo establece como principios rectores otorgar credibilidad inicial al testimonio de las víctimas —especialmente tratándose de infantes— y apartar de inmediato de cualquier cargo pastoral o administrativo al presunto agresor.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y ALCANCE DEL DERECHO CANÓNICO

La encargada de la oficina diocesana reconoció el valor de las madres al presentar la denuncia y refrendó el compromiso de acompañar integralmente a los menores y sus núcleos familiares. Asimismo, hizo un llamado para que cualquier persona que tenga información sobre este u otros casos acuda a la sede de la Comisión en el Arzobispado, ubicado en la calle Madero, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas, o bien se comunique a la línea telefónica 444 812 4164, al número de WhatsApp 444 431 7305 o al correo electrónico proteccionalmenorslp@gmail.com.

Por otra parte, Olguín Segura aclaró que el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe en ningún momento rechazó dialogar con las madres afectadas, explicando que el prelado se encontraba fuera de la ciudad al momento de notificarse el asunto, pero tiene contemplado reunirse personalmente con ellas.

En el ámbito de la justicia eclesiástica, el derecho canónico tipifica como abuso sexual no solo el contacto físico explícito, sino también tocamientos, abrazos impropios, besos no consentidos, insinuaciones o acoso verbal y miradas lascivas. Cuando estas faltas graves contra menores se cometen en entornos eclesiales por clérigos, religiosos o laicos que desempeñan un oficio dentro de la institución, los expedientes son turnados directamente para su resolución al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en Roma.

PUNTOS CLAVE

  • Investigación en curso: La Arquidiócesis de San Luis Potosí y la Fiscalía estatal investigan denuncias por presunto abuso sexual contra al menos ocho menores de entre 5 y 13 años en la capilla de San Pedro y Santa María de Guadalupe, en Villa de Pozos.
  • Presunto implicado: Los señalamientos apuntan al entonces sacristán del templo, quien renunció días antes de que las madres acudieran al Arzobispado; también se mencionó una posible participación de su esposa y de un sacerdote.
  • Postura de la Iglesia: Lucila Olguín Segura, de la Comisión Diocesana de Protección a Menores, calificó los reportes como “hechos graves y constitutivos de delito” y aseguró que colaborarán con la Fiscalía Especializada para aportar información y abrir el templo si es necesario.
  • Protocolo y sanciones: Bajo la política de tolerancia cero creada en 2019, la Iglesia separa de inmediato a los señalados, brinda apoyo jurídico y psicológico a las familias y turna los expedientes graves al Dicasterio en Roma.
  • Canales de denuncia: La Comisión recibe reportes en el Arzobispado (calle Madero, de 9:00 a 14:00 horas), al teléfono 444 812 4164, WhatsApp 444 431 7305 y al correo proteccionalmenorslp@gmail.com.

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