La formalización de Ariadna Montiel como aspirante a dirigir Morena este 29 de abril fractura la línea entre el Estado y el partido, desatando una ola de críticas por el evidente conflicto de interés que implica saltar de la chequera social más grande del país a la estructura electoral oficialista. Mientras el gobierno exalta su capacidad organizativa, la oposición y analistas denuncian un riesgo de uso clientelar de los padrones de beneficiarios, señalando una contradicción ética en la narrativa presidencial: mientras se fustiga a figuras como Ernesto Zedillo por sus vínculos con el sector privado tras dejar el poder, se avala que la administradora de la política social utilice su experiencia y bases de datos para aceitar la maquinaria de Morena rumbo a las próximas elecciones.