El hallazgo de 10 cuerpos en una fosa clandestina en Concordia, Sinaloa, ha sepultado la narrativa de seguridad en la región. Aunque la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que cinco de las víctimas son trabajadores de la minera Vizsla Silver, el Gobierno Federal insiste en que la masacre fue un “error de identificación” cometido por sicarios de Los Chapitos. Esta versión choca con la realidad operativa de la empresa, que suspendió labores desde abril de 2025, sugiriendo un asedio criminal (extorsión) que las autoridades se niegan a reconocer formalmente. El caso deja al descubierto un Estado reactivo, donde las familias identifican a sus muertos antes que los peritos y donde la inversión extranjera cede ante el control territorial del narcotráfico