La justicia estadounidense desclasificó una acusación formal que revela cómo el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y su gabinete transformaron las instituciones estatales en un brazo operativo del Cártel de Sinaloa bajo la facción de “Los Chapitos”. El expediente detalla una red de corrupción donde funcionarios como el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra y el secretario Gerardo Mérida Sánchez recibían sobornos mensuales para filtrar inteligencia de la DEA y proteger laboratorios de fentanilo, mientras que mandos policiales como Juan Valenzuela Millán utilizaban recursos públicos para secuestrar y entregar víctimas al grupo criminal. Por estos hechos, que incluyen delitos de asociación delictuosa para el narcotráfico y posesión de armas de guerra, el Gobierno de los Estados Unidos ha ordenado el decomiso total de bienes y activos de los implicados como parte del desmantelamiento de este narco-estado.