La justicia estadounidense desata un terremoto político en México al desclasificar una acusación formal en Nueva York que vincula al gobernador Rubén Rocha Moya y a su cúpula de seguridad con la facción de “Los Chapitos”. El expediente de la DEA detalla sobornos millonarios y el uso de armamento pesado, además de que implica al mando policial Juan Valenzuela Millán en el asesinato de un informante federal, hecho que provoca una reunión de emergencia en Palacio Nacional que encabeza la secretaria Rosa Icela Rodríguez. Mientras Rocha Moya se dice víctima de una calumnia y la SRE intenta frenar las extradiciones al cuestionar las pruebas, la oposición exige juicio político y la renuncia inmediata del mandatario, denunciando la consolidación de un narcoestado bajo el amparo de la Cuarta Transformación.