La extorsión en México se ha consolidado como una crisis de seguridad crítica y altamente rentable, cuyos casos oficiales prácticamente se duplicaron entre 2016 y 2025. A pesar de acumular cerca de 3 mil 600 denuncias en el primer cuatrimestre de 2026, esta cifra es solo la superficie del problema debido a una alarmante cifra negra: por miedo a represalias, únicamente el 0.2% de los afectados denuncia, convirtiéndolo en el crimen más silencioso del país. Este delito asfixia por igual a grandes empresarios que a sectores vulnerables como vendedores de tamales, heladeros y agricultores en zonas como Morelos y Michoacán. Sostenido por el cobro de piso y un esquema de corrupción que involucra a policías y funcionarios locales, el fenómeno genera pérdidas de 900 millones de dólares anuales, lo que ha empujado al gobierno de Claudia Sheinbaum a impulsar reformas constitucionales para perseguir la extorsión de oficio y a nivel federal