La minería en México ha dejado de ser una actividad puramente extractiva para convertirse en un activo estratégico del crimen organizado, donde facciones como el Cártel de Sinaloa y el CJNG han sustituido al Estado en el control de yacimientos y comunidades. Lo que comenzó como extorsión ha evolucionado hacia la apropiación directa de la producción de oro y plata, el control de insumos químicos y el uso de grupos armados como “guardias blancas” para reprimir la resistencia social. Este fenómeno no solo desestabiliza el 4.7% del PIB nacional, sino que condena a regiones enteras de Sonora, Zacatecas y Guerrero a un ciclo de desplazamiento forzado y gobernanza criminal donde el mineral se lava fácilmente en los mercados globales