La transformación de choferes de políticos en candidatos, directores de área y apoderados de empresas proveedoras —como el caso destapado en la presidencia del INE y el de “Toño Subiaur” en Macuspana bajo la sombra de “Pepín” López Obrador— desnuda la perversión del sistema político mexicano. En lugar de premiar la capacidad técnica o la profesionalización burocrática, el aparato público recompensa la discreción y el silencio en la cabina del vehículo, instrumentalizando al personal de confianza como testaferros en contratos millonarios o como fichas de nepotismo y tráfico de influencias en cargos de elección popular