La administración de Donald Trump sentenció que la reforma judicial en México pone en jaque la estabilidad económica y la seguridad regional, advirtiendo que la elección popular de juzgadores podría entregar los tribunales a los cárteles del narcotráfico o a la influencia del gobierno chino. Ante este escenario, el subsecretario Michael Kozak exigió un aumento inmediato en el gasto militar mexicano y la implementación de filtros de selección estrictos, lo que obligó al Congreso a restituir exámenes de oposición para intentar blindar la confianza de los inversionistas extranjeros