En un acto de “profunda convicción republicana”, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo tras la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) derivada de imputaciones de nexos con el narcotráfico formuladas por autoridades de Estados Unidos. El mandatario estatal, quien defendió su inocencia calificando los señalamientos de “falsos y dolosos”, optó por separarse de sus funciones para facilitar las actuaciones judiciales y evitar que la controversia dañe la legitimidad de su movimiento político, todo esto en medio de crecientes presiones legislativas que exigían su renuncia para garantizar la transparencia y estabilidad institucional del estado.