Pese a las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que vinculan a Rubén Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, el Estado mexicano no sólo ha evitado su aprehensión, sino que le ha otorgado un trato privilegiado al blindarlo con escoltas de la Guardia Nacional. Mientras Washington exige su detención provisional con fines de extradición, la administración de Claudia Sheinbaum ha respondido asignándole seguridad oficial bajo el argumento de proteger su integridad como exmandatario, pese a que el propio secretario Omar García Harfuch admitió que no existen evidencias de amenazas ni riesgos de ataque en su contra.