LANOTA.– El relevo de gobierno en varias entidades federativas ha sacado a la luz acusaciones cruzadas entre mandatarios morenistas y sus antecesores del mismo partido, a quienes señalan de omisiones en materia de seguridad pública y posibles desfalcos en el sistema de salud, según reporta Expansión.
VERACRUZ: DENUNCIA POR DAÑO PATRIMONIAL
En Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle presentó ante la Contraloría General una denuncia por un presunto perjuicio económico de más de 1,000 millones de pesos en servicios de salud heredado de la administración de Cuitláhuac García. La acción se basa en hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación que documentan pagos por equipos en comodato ya disponibles en hospitales al momento de la firma de los convenios, además de irregularidades en la contratación de personal. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum admitió no conocer a detalle la denuncia, reiteró su “mejor opinión” sobre García.
MORELOS: DENUNCIAS CONTRA CUAUHTÉMOC BLANCO
Durante sus primeros cien días, la gobernadora Margarita González Saravia ordenó a la Consejería Jurídica y a la Contraloría estatal presentar cuatro denuncias penales y dos administrativas por el uso indebido de recursos públicos detectado en la entrega-recepción de la pasada administración. Entre los señalados figura el exdiputado Cuauhtémoc Blanco, acusado por desvíos de hasta 3,000 millones de pesos y de otras irregularidades, las cuales él ha rechazado con la frase “que me investiguen, yo no soy Graco Ramírez”.
TABASCO: ACUSACIONES DE PACTO CON “LA BARREDORA”
En Tabasco, el gobernador Javier May acusó a sus antecesores Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino de permitir la operación del grupo delictivo “La Barredora” al mantener en el cargo a su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena. May denunció que era vox pópuli el control que Bermúdez ejercía sobre esa célula vinculada al Cártel de Sinaloa, una afirmación que ni López ni Bermúdez han respondido.
CHIAPAS: AUSENCIA DE LA LEY EN LA SIERRA
El gobernador Eduardo Ramírez criticó sin nombrarlo a su antecesor Rutilio Escandón por la “ausencia de la ley” en zonas serranas, donde la delincuencia se habría consolidado por falta de interés oficial. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca afirmó que la antigua administración negó el problema de inseguridad y permitió la proliferación de fosas clandestinas y grupos criminales, señalamientos a los que Escandón no ha dado respuesta.
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