12/08/2026
LANOTA.MX. A casi doce años de una de las noches más oscuras en la historia reciente del país, el rumbo judicial del expediente Iguala ha tomado un giro definitivo en las salas del fuero federal.
Un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez dictaminó la vinculación a proceso del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
El mandato legal lo sitúa como probable responsable del delito de desaparición forzada de personas, en el marco de la fatídica jornada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron despojados de su paradero.
El pronunciamiento emitido desde el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano se sustentó en los indicios aportados por la Fiscalía General de la República (FGR).
La representación social sostuvo con éxito que la administración estatal no solo actuó con omisión, sino que presuntamente articuló un esquema desde las estructuras de poder para ocultar y destruir evidencia esencial sobre el paradero de los jóvenes normalistas.
PRISIÓN PREVENTIVA Y PLAZO DE INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA
Para evitar la evasión de la justicia y garantizar el desarrollo del proceso, la autoridad judicial determinó que el exmandatario permanezca bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
En consecuencia, Ángel Aguirre mantendrá su reclusión en el penal del Altiplano mientras las partes procesales afinan sus estrategias jurídicas para la siguiente fase.
Asimismo, la judicatura estableció un plazo de 120 días para la investigación complementaria.
Durante este periodo, la Fiscalía podrá consolidar sus líneas de investigación, al tiempo que la defensa tendrá la oportunidad de reunir nuevas pruebas para intentar demostrar la inocencia del exgobernador.
La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria, sino la confirmación de que existen elementos suficientes para continuar formalmente la investigación judicial.
LA CONTROVERSIA DE LOS VIDEOS DEL PALACIO DE JUSTICIA
El pilar central de la acusación formulada por la FGR reside en la presunta destrucción de un disco con grabaciones de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
De acuerdo con las pesquisas, este material videográfico captaba el paso de uno de los autobuses, así como la presencia de personas armadas y policías durante la noche de los hechos.
La Fiscalía considera que estas imágenes resultaban fundamentales para establecer la ruta de los estudiantes y determinar quiénes participaron en su traslado.
Según los testimonios incorporados al expediente, una exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero habría sustraído el sobre con el disco para entregárselo a Ángel Aguirre el 29 de septiembre de 2014.
La acusación señala que el exgobernador habría ordenado al entonces procurador estatal, Iñaki Blanco, deshacerse de las evidencias.
DEFENSA ARGUMENTA ALIBI Y RECHAZA LAS IMPUTACIONES
Frente a la gravedad de los cargos, la defensa del exgobernador presentó más de 30 datos de prueba para desvirtuar la hipótesis de la Fiscalía.
Los abogados argumentaron que Aguirre Rivero no pudo haber recibido el disco porque se encontraba en la Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, el juez determinó que las pruebas presentadas por la defensa no fueron suficientes para desestimar los señalamientos del Ministerio Público.
La Fiscalía contrapuso testimonios que vinculan al exmandatario con el ocultamiento de información desde los primeros días posteriores a la desaparición.
Además, las investigaciones señalan a su sobrino y asesor, Ernesto Aguirre, por presuntos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos, organización señalada como autora material del ataque a los estudiantes.
PUNTOS CLAVE DE LA RESOLUCIÓN
- Auto de vinculación a proceso: Dictado por un juez federal del Altiplano en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
- Delito imputado: Probable participación en la desaparición forzada de personas, bajo la hipótesis de ocultamiento y destrucción de evidencia.
- Medida cautelar: Prisión preventiva oficiosa en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano.
- Plazo de investigación: Se concedieron 120 días para el cierre de la investigación complementaria.
- Evidencia clave: La presunta sustracción y eliminación de los videos grabados en el Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
- Argumento defensivo desestimado: La defensa alegó que el exmandatario estaba reunido con Miguel Ángel Osorio Chong en la capital del país, pero las pruebas no lograron desacreditar la acusación de la FGR.
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