LANOTA.– La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Ravel, encendió las alertas sobre un patrón de hostigamiento en contra de los integrantes del organismo autónomo.
A través de un hilo en la red social X, la funcionaria reveló que el pasado 18 de septiembre fue notificada por el Órgano Interno de Control (OIC) del INE del inicio de un procedimiento de responsabilidades administrativas en su contra, derivado de una decisión colegiada tomada en 2021.
UNA DECISIÓN COLEGIADA, HOY JUDICIALIZADA
Ravel recordó que el 17 de diciembre de 2021, el Consejo General aprobó, por mayoría de votos, posponer la consulta de Revocación de Mandato debido a que el recorte presupuestal impuesto por la Cámara de Diputados dejó al instituto sin los 3,830 millones de pesos requeridos para organizar el ejercicio en los términos de ley.
La medida fue revertida días después por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que también reconoció la obligación de la Secretaría de Hacienda de garantizar los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta.
SEÑALAMIENTOS DE LA CORTE
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó que el INE había carecido de suficiencia presupuestal y señaló que el recorte aprobado por la Cámara de Diputados se realizó sin justificación técnica ni motivación alguna, lo que pudo traducirse en una afectación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
CUATRO AÑOS DESPUÉS, EL PROCEDIMIENTO
Lo que Ravel subraya como irregular es que, pese a que el tema se remonta a 2021 y a que la consulta finalmente se organizó con éxito, el procedimiento en su contra fue abierto hasta cuatro años después, en 2025, bajo acusaciones que —según ella— carecen de fundamento, pues se trata de decisiones colegiadas ya revisadas por instancias jurisdiccionales.
UNA ADVERTENCIA SOBRE LA AUTONOMÍA
La consejera lanzó una advertencia seria: perseguir a los miembros de un órgano colegiado por sus votos y valoraciones jurídicas inhibe la independencia del INE y sienta un precedente peligroso para la democracia mexicana. Recordó que los acuerdos del Consejo General tienen contrapesos institucionales en el TEPJF, y que la discrepancia en criterios jamás debe traducirse en persecución administrativa.
La denuncia de Ravel no se limita a un agravio personal, sino que abre un debate sobre la vulnerabilidad del INE ante presiones políticas y administrativas que, en palabras de la consejera, podrían debilitar la función del árbitro electoral rumbo a futuros procesos.
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