LANOTA.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara Alta concedieron luz verde al polémico “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Con un tablero de 24 votos a favor y 11 en contra, el bloque oficialista logró imponer su mayoría en una sesión marcada por la polarización y el choque frontal con las bancadas de oposición.
Sin embargo, el avance legislativo quedó ensombrecido por una ausencia estratégica: el dictamen fue avalado sin la presencia de los senadores del Partido del Trabajo (PT). Al ser un aliado histórico y fundamental de Morena, su inasistencia en una votación de tal magnitud genera una incertidumbre real sobre el futuro de la reforma en el pleno, donde la cohesión de la coalición gobernante será puesta a prueba este miércoles.
REVOCACIÓN DE MANDATO EN 2027: EL EJE DE LA DISCORDIA
El punto medular de la reforma es la modificación al artículo 35 constitucional, la cual busca permitir que la consulta de revocación de mandato se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año del gobierno federal. De aprobarse, este ejercicio de democracia participativa coincidiría con las elecciones intermedias de 2027, un año donde México renovará 17 gubernaturas y la totalidad de la Cámara de Diputados.
Desde la tribuna, el senador de Morena, Pável Jarero Velázquez, defendió la medida asegurando que responde a la lógica de que “el pueblo pone, el pueblo quita”. No obstante, para la oposición, el objetivo real de empatar ambos procesos no es el ahorro de costos operativos, sino permitir que el titular del Ejecutivo participe en la promoción del proceso durante las campañas electorales locales.
ADVERTENCIAS DE LA OPOSICIÓN Y RIESGOS POLÍTICOS
El debate legislativo evidenció un rechazo total por parte del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Uno de los críticos más vocales fue el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien advirtió sobre los riesgos de uso político en la revocación de mandato, señalando que la medida podría viciar la equidad de la contienda electoral de 2027 al influir directamente en el ánimo del electorado desde el poder central.
Además de la revocación, el proyecto contempla cambios profundos en la organización de los ayuntamientos, planteando un tope máximo de entre siete y quince regidores según la población, así como establecer límites estrictos al presupuesto anual de los congresos estatales bajo criterios de austeridad republicana.
EL FUTURO DEL PLAN B EN EL PLENO
Tras superar el filtro de las comisiones, el dictamen está listo para su discusión y votación definitiva en el pleno del Senado. El foco de atención se mantiene sobre las negociaciones políticas con el PT y otros aliados, quienes han expresado reservas sobre la coincidencia de las fechas electorales. La falta de consenso total dentro del oficialismo podría obligar a modificaciones de última hora para garantizar que la reforma constitucional alcance los votos necesarios.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Aprobación dividida: El dictamen pasó en comisiones con 24 votos a favor de Morena/PVEM y 11 en contra de la oposición.
- Fractura en la alianza: La ausencia de senadores del PT durante la votación pone en duda si el oficialismo cuenta con el respaldo total para la votación en el pleno.
- Elecciones intermedias 2027: El “Plan B” propone que la revocación de mandato coincida con la jornada electoral federal para elegir diputados y gobernadores.
- Austeridad en estados y municipios: La reforma busca fijar límites al gasto de congresos locales y reducir el número de regidores en los cabildos.
- Acusaciones de injerencia: La oposición señala que el empalme de fechas permitirá la promoción personalizada del Ejecutivo en medio de procesos electorales.
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