LANOTA.-El sistema judicial de México se encuentra bajo el escrutinio público tras revelarse las condenas impuestas a las responsables del asesinato de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años cuya vida fue arrebatada en Sonoyta, Sonora. A pesar de la brutalidad del crimen, el cual fue grabado en video por las agresoras, las penas dictadas han sido calificadas como insuficientes por la familia y la sociedad, reabriendo el debate sobre la efectividad de la justicia para menores en delitos de alto impacto.
Además del breve tiempo de internamiento, el tribunal determinó una indemnización económica de apenas 5,177 pesos. Esta cifra ha sido recibida con profunda amargura por los deudos, ya que no cubre ni una sexta parte de los gastos funerarios básicos. Ante esta resolución, la madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, cuestionó duramente la lógica de los tribunales: “¿Dónde quedan mis derechos? ¿Dónde queda la justicia para mi hija?”, reclamó, subrayando la desprotección que sienten las víctimas frente al sistema.
UN CRIMEN PREMEDITADO MARCADO POR EL ACOSO Y LA CRUELDAD
La tragedia comenzó a gestarse el 25 de septiembre de 2025, cuando la víctima fue citada bajo engaños por quienes consideraba sus amigas, Britany Michel (15 años) y Monserrat (13 años). El encuentro fue el desenlace de una serie de agresiones previas; Carmen Angélica relató que su hija sufría bullying constante y ataques racistas. Sobre la evidencia del crimen, la madre fue tajante al describir la crueldad de las agresoras: “Las pruebas que se mostraron es un video contundente en el que ellas le están arrebatando la vida a mi hija, o sea, hasta grabaron todo, descompusieron el cuerpo de mi hija, le echaron cal, me la enterraron”.
Los detalles de la ejecución, que incluyeron atar y estrangular a la joven mientras se registraba la escena en video, han conmocionado a la comunidad. Para la señora Becerra, la frialdad del acto exige una respuesta legal distinta a la que ofrece el código penal actual: “Los adolescentes deben ser castigados como actuaron, si actuaron como grandes lo mínimo le deben de dar lo justo por el daño tan grande que causaron”, sostuvo en declaraciones a los medios.
REPARACIÓN INSUFICIENTE Y VACÍOS EN LA LEY PARA ADOLESCENTES
El hallazgo del cuerpo ocurrió una semana después de la desaparición, en condiciones que marcaron de por vida a la familia. El estado de los restos obligó a las autoridades a entregar el cuerpo bajo protocolos que impidieron un duelo normal. “Ni con la cárcel me pagan el daño que le hicieron, no me pude despedir de ella, el cajón me lo dieron sellado, la verdad las chamacas se ensañaron con ella”, expresó la madre con evidente dolor, señalando que la reparación económica fijada por el juez resulta ofensiva ante la magnitud de la pérdida.
Dentro del marco del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, las condenas se fijaron en 2 años y 10 meses de internamiento para Britany Michel y 11 meses de libertad asistida para la cómplice menor. Aunque la ley mexicana protege a los menores con penas máximas de cinco años, la familia considera que la aplicación fue mínima. Carmen Angélica incluso reveló la presión procesal que enfrentó: “No es justo que las responsables no hayan tenido el castigo por el delito que hicieron… si yo no firmaba las sentencias, las jóvenes podrían haber quedado libres”, denunció, anticipando que sus abogados apelarán el fallo en busca de la máxima sanción permitida.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Sentencias dictadas: 2 años y 10 meses de internamiento para la agresora principal y 11 meses de libertad asistida para la coautora de 13 años.
- Declaración de impacto: La madre denunció que el ataúd le fue entregado sellado debido a la saña con la que trataron el cuerpo, impidiéndole despedirse.
- Video como evidencia: Existe un video del crimen grabado por las responsables donde se documenta el estrangulamiento y el uso de cal para ocultar el cuerpo.
- Fallo económico: La reparación del daño de 5,177 pesos es considerada una burla frente a los gastos reales de la familia que superaron los 30,000 pesos.
- Lucha legal: La familia apelará la decisión bajo la premisa de que quienes actúan con premeditación adulta deben recibir sanciones proporcionales.
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