A una semana del secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez en Nanchital, Veracruz, las autoridades federales y estatales detuvieron a seis personas —incluyendo a dos empleados de PEMEX, un abogado y un trabajador del COBAEV— utilizando como prueba principal la geolocalización de sus dispositivos móviles; sin embargo, mientras la Fiscalía General del Estado mantiene bajo estricto hermetismo el móvil del crimen, debatiéndose entre una represalia por su labor informativa o conflictos en la zona industrial, los familiares de los arrestados denunciaron operativos sumamente violentos y acusaron a las autoridades de fabricar “chivos expiatorios” para simular resultados exprés ante la presión mediática