El Gobierno de México erige un escudo legal para frenar la extradición de Rubén Rocha Moya y condiciona cualquier avance a la presentación de pruebas que la FGR califica como insuficientes. Mientras la Fiscalía y la Cancillería apelan a tecnicismos y al juicio de procedencia para blindar al mandatario sinaloense, el embajador Ronald Johnson advierte que la justicia de su país desconoce jerarquías y procesa a quienes facilitan las operaciones de “Los Chapitos”. Este choque de soberanías expone una colusión estatal detallada en Nueva York, lo que coloca a la administración de Rocha Moya en el epicentro de una cacería judicial trasnacional