El expediente neoyorquino S9 23 Cr. 180 ha dejado de ser un simple proceso judicial para convertirse en una lista de la muerte y una purga política sin precedentes dentro del Cártel de Sinaloa. Lejos de la narrativa tradicional del capo intocable, el tablero actual muestra que la violencia interna y los operativos militares ya eliminaron al 15% de los acusados —incluyendo a jefes de sicarios clave como “El Panu” y “El 27″— antes de que pisaran una corte, mientras que la otra mitad de la red operativa sobrevive bajo el agua, refugiada en una inédita alianza de protección institucional que hoy mantiene al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y a su plana mayor bajo la lupa directa de la justicia estadounidense