La comparecencia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de varios de sus colaboradores clave ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán marca un punto de inflexión judicial frente a las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presunta protección institucional a la facción de “Los Chapitos”. Mientras el mandatario estatal y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, acudieron de forma hermética a rendir su declaración junto al polémico vicefiscal Dámaso Castro —vinculado previamente al presunto montaje del caso Melesio Cuén—, la trama tomó un rumbo internacional al revelarse que el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, eludieron la cita federal en México para entregarse voluntariamente a las autoridades estadounidenses en Arizona y Nueva York, dejando pendiente la comparecencia del resto de la cúpula política señalada