LANOTA.- La violencia en la Montaña Baja de Guerrero alcanzó un nuevo punto crítico este lunes 6 de abril. Un comando armado irrumpió en la comunidad de Xicotlán para ejecutar a cuatro integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
El ataque, perpetrado a plena luz del día, corta la vida de defensores comunitarios que, ante el acoso criminal y la falta de oportunidades, realizaban labores de albañilería al momento de su muerte.
EMBOSCADA EN LA OBRA: EL MODUS OPERANDI DEL TERROR
De acuerdo con las denuncias del Consejo Nacional Indígena (CNI), las víctimas se trasladaron desde su natal comunidad de Tula hacia Xicotlán para trabajar en una construcción. Cerca de las 10:00 horas, sujetos a bordo de una camioneta blanca —identificada como blindada por testigos— abrieron fuego de forma directa.
Los agresores huyeron con rumbo al crucero del Jagüey, zona bajo el control histórico del grupo criminal Los Ardillos, pasando, según los reportes, a escasos metros de un cuartel del Ejército Mexicano que no intervino.
Entre los fallecidos destaca Isaías Morales Lucas, quien fungió como coordinador de la CRAC-PF y era un pilar en la promoción de los derechos indígenas en la región. Junto a él, perdieron la vida Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario.
El asesinato de los hermanos Hilario profundiza una tragedia familiar iniciada en 2022, cuando sicarios ejecutaron a su tío, Guillermo Hilario, también promotor del CIPOG-EZ.
OMISIÓN INSTITUCIONAL: EL MECANISMO QUE NO PROTEGIÓ
La indignación de las comunidades indígenas escala ante la revelación de que Isaías Morales Lucas solicitó protección federal durante dos años. El CNI detalló que pidieron reiteradamente la activación del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero el Estado mexicano les negó las medidas cautelares. Esta omisión dejó al activista vulnerable frente a las amenazas de muerte que ya pesaban en su contra por parte de liderazgos criminales.
El CIPOG-EZ señala una “red de protección” que vincula a la clase política con la estructura de Los Ardillos.
La organización indígena acusa directamente a los tres niveles de gobierno por la inacción de la Fiscalía y la Guardia Nacional, subrayando que desde 2018 suman 67 asesinatos de sus integrantes sin que exista una sola investigación con resultados o responsables tras las rejas.
LOS ARDILLOS: EL PODER FÁCTICO DETRÁS DEL CRIMEN
El ataque en Xicotlán no es un hecho aislado, sino parte de la estrategia de expansión de Los Ardillos, una organización que evolucionó de una célula de narcotráfico a un Estado paralelo. Fundado originalmente por Celso Ortega Rosas, el grupo opera actualmente bajo el mando de sus hijos: Celso, Jorge Iván y Antonio Ortega Jiménez.
Su dominio se extiende desde su base en Quechultenango hasta Chilpancingo y el corredor de la Montaña Baja, donde mantienen un conflicto encarnizado con grupos rivales como Los Tlacos.
Esta estructura criminal ha diversificado sus operaciones para controlar casi cualquier actividad económica en la región. Además del narcotráfico, Los Ardillos imponen el precio de productos básicos, controlan las bases del transporte público y mantienen una fuerte infiltración en la clase política local.
La resistencia de las policías comunitarias y el CIPOG-EZ representa el último obstáculo para su dominio total, lo que convierte a estos activistas en blancos directos de su violencia paramilitar.
DESPLAZAMIENTO Y CONTROL TERRITORIAL EN 2026
A inicios de este año, la organización intensificó sus operaciones en el municipio de Juan R. Escudero, provocando el desplazamiento forzado de cientos de personas. Pese a los intentos de tregua mediada por la Iglesia, Los Ardillos continúan expandiendo su ley de “plata o plomo”, utilizando incluso movilizaciones sociales como escudo para proteger a sus líderes de operativos federales.
La gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentan ahora una presión renovada por parte del CNI, que responsabiliza a las autoridades por la “entrega del territorio” a estos grupos. Mientras las fuerzas federales mantienen su base en el Jagüey, a menos de un kilómetro de la escena del crimen, la comunidad de Xicotlán permanece en silencio, custodiando los cuerpos de sus defensores en un estado que parece no encontrar tregua.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Masacre en Chilapa: Cuatro activistas del CIPOG-EZ murieron tras un ataque directo en una obra de albañilería en Xicotlán.
- Fallo en la protección: Isaías Morales Lucas fue ejecutado tras dos años de que el Gobierno le negara medidas cautelares de protección.
- Señalamiento directo: El Consejo Nacional Indígena responsabiliza al grupo criminal Los Ardillos y acusa complicidad por la inacción de las fuerzas de seguridad cercanas.
- Control criminal: La estructura de Los Ardillos, liderada por los hermanos Ortega Jiménez, controla la economía, el transporte y la política en la Montaña Baja.
- Impunidad sistemática: La organización denuncia que 67 de sus miembros han sido asesinados desde 2018 sin que las autoridades detengan a los culpables.
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