Salvador Bastida, uno de los alcaldes asesinados. En su caso en Tacámbaro, Michoacán.
LANOTA.- El caso más reciente estremeció al país el 1 de noviembre, cuando Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, cayó abatido frente a cientos de personas mientras inauguraba el Festival de Velas, una de las celebraciones más queridas del municipio.
El ataque, ejecutado a plena vista de su familia, convirtió una noche de tradición en una tragedia que volvió a exhibir la vulnerabilidad del poder local en Michoacán.
SIETE ALCALDES ASESINADOS EN TRES AÑOS
Desde que Alfredo Ramírez Bedolla asumió el cargo en octubre de 2021, los asesinatos de ediles de distintos partidos políticos —PRI, PAN, PVEM y Morena— han marcado un patrón alarmante. Ninguna filiación ha sido escudo contra las balas.
Febrero de 2022. El primero fue Enrique Velázquez Orozco, alcalde priista de Contepec, hallado sin vida en un predio de la comunidad El Jacal, dos días después de haber sido reportado desaparecido.
Marzo de 2022. Un mes más tarde, César Arturo Valencia Caballero, del PVEM y edil de Aguililla, fue asesinado mientras conducía su camioneta. Su muerte se sumó a la larga lista de ataques en una región históricamente disputada por el crimen organizado.
Abril de 2024. El priista Guillermo Torres Rojas, alcalde de Churumuco, fue ejecutado en una taquería de Morelia.
Junio de 2024. En Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, del PAN, fue atacada a balazos. Meses antes había sido secuestrada en Jalisco y liberada con vida. Esta vez no hubo rescate posible.
Junio de 2025. Martha Laura Mendoza Mendoza, presidenta municipal de Tepalcatepec, fue asesinada frente a su casa.
Tacámbaro, otro municipio marcado por la violencia, perdió a su edil Salvador Bastida García, antes del homicidio de Carlos Manzo. Su muerte encendió las alertas, pero el eco de las advertencias se perdió entre declaraciones y promesas.
UN ELECTO DESAPARECIDO
Además de los asesinatos, Gilberto Mejía Salgado, alcalde electo de Penjamillo, continúa desaparecido desde el 29 de junio de 2021. Fue levantado por un grupo armado cuando abría su negocio.
Cuatro años después, su paradero sigue siendo un misterio, y la Fiscalía estatal no ha ofrecido avances concretos.
EL SILENCIO DE LA PROTECCIÓN
Tras la ola de homicidios, el gobernador Ramírez Bedolla ha insistido en que “ningún alcalde ha solicitado protección”. Según dijo, mantiene comunicación directa con los ediles y su gobierno “ha estado al pendiente”.
Pero los hechos demuestran otra realidad: los alcaldes michoacanos gobiernan entre amenazas, miedo y la sombra del crimen organizado.
EL ROSTRO DE UNA CRISIS POLÍTICA Y HUMANA
El asesinato de Carlos Manzo no solo deja un vacío político, sino también un mensaje de terror: ni los cargos públicos ni los escenarios públicos garantizan seguridad.
El séptimo alcalde asesinado en tres años se convierte en símbolo de una crisis que Michoacán arrastra desde hace más de una década: la pérdida del control local frente al poder de los grupos criminales.
Y mientras los funerales se repiten y los comunicados oficiales prometen justicia, la realidad persiste: en Michoacán, ser alcalde es una profesión de alto riesgo.
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