La crisis política en Chihuahua escaló tras la muerte de dos agentes de la CIA en un presunto narcolaboratorio, hecho que llevó a Morena a acusar a la gobernadora Maru Campos de traición a la patria por permitir operaciones extranjeras sin autorización federal. Aunque el partido busca promover un juicio político, el proceso enfrenta un muro legislativo: el Congreso local, dominado por el PAN y sus aliados, tiene la última palabra y puede frenar cualquier desafuero, como ocurrió en el precedente de Tamaulipas con Francisco García Cabeza de Vaca. Mientras la FGR investiga posibles delitos contra la seguridad nacional y la presidenta Claudia Sheinbaum advierte que no habrá tolerancia a violaciones de soberanía, el caso se convierte en un pulso entre el poder federal y los equilibrios políticos estatales