13/11/2026
LANOTA.MX.- El blindaje financiero impuesto por las autoridades hacendarias mexicanas contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sufrió su primer revés en los tribunales administrativos: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloquear dos cuentas bancarias en las que el exmandatario recibe sus pensiones del ISSSTE e IMSS, así como su jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).
La resolución judicial, dada a conocer por el periodista Arturo Ángel en Milenio, se ejecutó el pasado 5 de noviembre y pone fin a casi medio año de restricción sobre dichos depósitos, los cuales permanecían inmovilizados desde el 18 de mayo a raíz de las acusaciones formuladas por Estados Unidos por presuntos nexos con Los Chapitos.
No obstante, el desbloqueo tiene un alcance estrictamente acotado a prestaciones de seguridad social. El resto de los instrumentos bancarios, ahorros y activos patrimoniales del político morenista continúan congelados mientras se desahoga el juicio de nulidad de fondo.
TRES PRESTACIONES SOCIALES TRAS SEIS MESES DE LITIGIO
La suspensión concedida por los magistrados administrativos faculta a Rocha Moya a movilizar fondos únicamente en dos cuentas ligadas a derechos laborales y de seguridad social adquiridos a lo largo de su carrera. En la primera cuenta se depositan de manera periódica dos prestaciones: una pensión por viudez del ISSSTE y una pensión por cesantía en edad avanzada del IMSS.
El segundo instrumento bancario liberado concentra los recursos provenientes de su jubilación en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución de educación superior en la que trabajó como profesor e investigador antes de dedicarse de lleno a la política y ganar la gubernatura.
Destrabar estos recursos tomó medio año de batalla legal. En un primer momento, la defensa del exmandatario solicitó directamente ante la UIF su eliminación de la Lista de Personas Bloqueadas; no obstante, el 4 de agosto la dependencia de la Secretaría de Hacienda rechazó el planteamiento y mantuvo la restricción.
Frente a ese revés administrativo, sus abogados acudieron ante la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, instancia que concedió la medida cautelar bajo el argumento de proteger el mínimo vital y el goce de prestaciones previsionales, aunque todavía no establece una fecha para resolver de fondo la validez del bloqueo sobre el resto de su fortuna.
De manera simultánea, se dio a conocer que autoridades federales requirieron reportes financieros adicionales sobre el exgobernador y cuatro miembros de su familia, sin que hasta la fecha se hayan revelado los resultados de esa indagatoria.
EL SEÑALAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE EE. UU.
La medida restrictiva en el sistema financiero mexicano se detonó a raíz del 29 de abril, fecha en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos formalizó cargos criminales contra Rubén Rocha Moya y otros nueve servidores y exservidores públicos de Sinaloa, señalándolos de presuntos nexos con organizaciones delictivas.
El expediente radicado en una corte norteamericana atribuye al exgobernador morenista tres delitos federales: conspiración para el tráfico internacional de narcóticos y cargos vinculados con la posesión de armas de fuego.
Según la acusación de los fiscales estadounidenses, Rocha Moya habría operado en acuerdo con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para ofrecer cobertura institucional y facilitar el envío de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos, presuntamente a cambio de dinero ilícito y respaldo político.
En diversas declaraciones públicas previas y posteriores a la imputación, el exmandatario ha desestimado por completo dichas acusaciones. Por su parte, el Gobierno de México ha subrayado que las autoridades de Estados Unidos no han compartido pruebas o expedientes judiciales que permitan abrir procesos penales en territorio nacional, por lo que la intervención mexicana se ha limitado al congelamiento preventivo ordenado por la UIF el 18 de mayo.
SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS OTROS NUEVE IMPLICADOS EN SINALOA
La acusación estadounidense sacudió la estructura política y de seguridad en Sinaloa, provocando desenlaces distintos entre los otros nueve funcionarios y exfuncionarios incluidos en la misma causa:
- Entregas ante cortes de EE. UU.: Dos exmiembros de primer nivel del gabinete estatal optaron por entregarse directamente a las autoridades norteamericanas. El general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, extitular de Seguridad Pública de Sinaloa, cruzó y se entregó el 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona; tras ser ingresado a una prisión federal en Brooklyn, en agosto fue trasladado a otro centro de reclusión, movimiento que suele ocurrir cuando se negocian acuerdos de cooperación. Cuatro días después, el 15 de mayo, Enrique Díaz Vega, extitular de Administración y Finanzas, se presentó ante autoridades en Nueva York.
- Dimisiones, licencias y vacío municipal: En el ámbito de procuración de justicia, el exvicefiscal general Dámaso Castro Zaavedra —señalado en Estados Unidos de recibir supuestos pagos mensuales de 11 mil dólares por parte de Los Chapitos— renunció definitivamente al cargo después de permanecer seis meses bajo licencia. En el Poder Legislativo, el senador Enrique Inzunza Cázarez, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, abandonó la bancada de Morena para continuar como legislador sin partido y volvió a su escaño el 31 de agosto. Por otro lado, en la capital del estado sigue sin definirse el futuro del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, cuya licencia expiró el 1 de noviembre sin que haya reasumido funciones, dejando a Ana Miriam Ramos Villarreal al frente del gobierno municipal.
- Amparos y discreción pública: Alberto Jorge Contreras Núñez y José Antonio Dionisio Hipólito promovieron juicios de amparo para blindarse frente a posibles órdenes de captura o procesos de extradición. Finalmente, Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, se mantienen fuera del escrutinio público sin que se conozcan acciones legales recientes en su contra.
PUNTOS CLAVE
- Descongelamiento acotado: Tras seis meses de litigio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ordenó a la UIF liberar desde el 5 de noviembre dos cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya destinadas exclusivamente al cobro de sus pensiones del ISSSTE e IMSS y su jubilación de la UAS.
- Resto de activos asegurados: Las demás cuentas y el patrimonio del exgobernador continúan bloqueados desde el 18 de mayo mientras se resuelve el juicio principal; además, el gobierno federal solicitó informes financieros de cuatro de sus familiares.
- Origen en cortes norteamericanas: El bloqueo deriva de la acusación presentada el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y nueve funcionarios más por presunta conspiración con Los Chapitos y tráfico de fentanilo.
- Desenlaces dispares en Sinaloa: Mientras Rocha Moya litiga en tribunales mexicanos, excolaboradores como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron en Estados Unidos, Dámaso Castro renunció a la Vicefiscalía y otros señalados recurrieron al amparo o pidieron licencia.
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