El descarrilamiento del Tren Interoceánico dejó 14 muertos y más de un centenar de heridos, pero la investigación de la FGR apunta únicamente a tres operadores, dos de ellos con licencias vencidas desde 2020 y 2024. El maquinista y el conductor no estaban autorizados para operar la locomotora, y aun así se les permitió manejar el convoy. Mientras tanto, los mandos superiores responsables de supervisar la seguridad ferroviaria permanecen fuera de la acusación, pese a que la cadena de omisiones revela un sistema corroído por negligencia institucional