LANOTA.– El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, recibió una extensión de 90 días para presentar su escrito inicial de apelación contra la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en octubre de 2024 por delitos vinculados al narcotráfico. La decisión fue tomada por la jueza Alison Nathan, del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York, y la nueva fecha límite quedó fijada para el 18 de diciembre de 2025.
Esta medida se produce en medio de un caso que ha sido ampliamente seguido en Estados Unidos y México, y en el que García Luna es señalado por su presunta relación con cárteles de droga durante su gestión como funcionario público.
ACCESO A LA DEFENSA
El tribunal instruyó al Buró Federal de Prisiones (BOP) para que García Luna pueda comunicarse de forma regular con sus abogados, César de Castro y Valerie Gotlib, mediante llamadas legales programadas y visitas presenciales.
“Por la presente se ordena que se conceda la moción. Por el Tribunal, Catherine O’Hagan Wolfe”, indica el comunicado oficial.
La prórroga y la orden de acceso buscan garantizar que García Luna pueda preparar su apelación de manera adecuada, después de que su defensa denunciara dificultades para coordinarse con él en los últimos meses.
DENUNCIAS DE INCOMUNICACIÓN Y MALOS TRATOS
Durante su estancia en prisiones estadounidenses, los abogados reportaron que solo pudieron hablar una vez con su cliente en ocho meses. Además, García Luna no tuvo acceso a documentos legales ni a las transcripciones de su juicio, dificultando la preparación de su defensa.
Entre los abusos denunciados se incluyen:
- Privación de cubiertos para comer.
- Negación de baño y afeitado.
- Traslado a una unidad de vivienda especial pese a no tener infracciones disciplinarias.
- Solo se le proporcionó un par de ropa interior, y perdió alrededor de 14 kilos.
SITUACIÓN ACTUAL EN PRISIÓN
Actualmente, García Luna se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde la defensa indica que los abusos han cesado, aunque la incomunicación con su equipo legal persiste.
Esta es la tercera prórroga que recibe, pero la primera vez que la corte ordena explícitamente mejorar las condiciones de comunicación con su defensa, un paso crucial para asegurar que pueda ejercer plenamente su derecho a apelar.
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