18/05/2026
LANOTA.- En una de las sacudidas políticas más profundas de la administración actual, el andamiaje financiero del país comenzó a asfixiar económicamente al círculo de poder en Sinaloa.
A través de su Comunicado No. 39, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficializó la inclusión de diversos perfiles en su Lista de Personas Bloqueadas (LPB).
Aunque la autoridad federal catalogó el procedimiento como una medida estrictamente administrativa y de carácter preventivo, el trasfondo apunta al bloqueo de activos del gobernador Rubén Rocha Moya, sus hijos y un nutrido grupo de funcionarios clave de su gabinete, tras ser ubicados en un expediente criminal radicado en una corte de Nueva York.
La decisión institucional de la UIF de congelar de forma inmediata cualquier recurso, cuenta o fondo de inversión se fundamenta en el Acuerdo 156/2026, emitido el pasado 6 de mayo. Este golpe económico, coordinado mediante alertas bancarias urgentes, se activó tras detectarse una presunta red de protección institucional orientada a favorecer la operatividad de la facción criminal de “Los Chapitos”.
La estrategia gubernamental busca desmantelar la base financiera que da movilidad a la estructura señalada, mientras se resuelven los frentes legales en los tribunales federales.
LOS OBJETIVOS ESTRUCTURALES Y LA LOGÍSTICA DEL PROCESO
De acuerdo con el documento emitido por la autoridad hacendaria, la inmovilización de los fondos no partió de un hallazgo aislado, sino de señalamientos directos realizados por agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Debido a que la banca comercial mexicana mantiene relaciones de corresponsalía con entidades financieras del país vecino, las alertas internacionales obligaron a activar los mecanismos de cumplimiento y monitoreo internos. Esto derivó en la emisión de reportes bancarios de emergencia, bajo el protocolo LPB 24 Horas, instando a la UIF a congelar los recursos para salvaguardar la integridad del sistema financiero nacional.
Esta ofensiva administrativa ocurre bajo una atmósfera de tensión bilateral y diplomática. En la Unión Americana, fiscales de la corte de Nueva York han escalado la presión mediante la solicitud formal de órdenes de aprehensión con fines de extradición.
Las agencias extranjeras afirman que la estructura del gobierno sinaloense no solo incurrió en omisiones, sino en una complicidad activa en el tráfico de sustancias y protección delictiva. Pese a la contundencia de las medidas económicas, la Secretaría de Seguridad federal no ha reportado detenciones, lo que evidencia una estrategia enfocada en la neutralización financiera antes de recurrir a la fuerza pública.
NO ES UN FALLO CONDENATORIO
Frente al impacto de las inmovilizaciones, la Unidad de Inteligencia Financiera precisó que estas determinaciones no representan un fallo condenatorio definitivo ni implican la acreditación plena de un delito. El organismo enfatizó que se trata de herramientas administrativas de prevención que buscan congelar fondos bajo sospecha mientras se realiza una revisión exhaustiva.
De manera formal, la operatividad del bloqueo corre a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través del sistema SITI PLD/FT; a partir de este alertamiento, las instituciones de crédito mexicanas tienen un margen fatal de diez días hábiles para inmovilizar la totalidad de los haberes.
Por su parte, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que se respetarán las garantías constitucionales de todos los señalados, afirmando que el país actuará conforme a los protocolos bilaterales vigentes.
En concordancia, la UIF recordó que los ciudadanos incluidos en la LPB tienen a su alcance los medios de defensa de la legislación mexicana, destacando el derecho de audiencia para justificar el origen de sus activos. Actualmente, la dependencia mantiene abiertas las carpetas de análisis técnico e institucional sobre las Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, cotejando la documentación recabada tanto en México como en las cortes estadounidenses.
LOS VÍNCULOS CON EL CÁRTEL
La intervención federal dibuja una compleja estructura de supuestos vínculos que alcanzan los tres niveles del aparato público del estado:
LA CÚPULA POLÍTICA ESTATAL
- Rubén Rocha Moya: El titular del Ejecutivo estatal es investigado bajo la sospecha de haber cedido el control de dependencias e influencias a cambio de capital financiero y respaldo logístico electoral.
- Enrique Inzunza Cázares: El senador es referenciado en los expedientes de las agencias de Estados Unidos como el presunto canal de comunicación directo entre el Palacio de Gobierno y las cabezas de la organización delictiva.
- Enrique Díaz Vega: Exsecretario de administración y finanzas, señalado por la presunta filtración de datos confidenciales para debilitar y retirar del mercado a competidores de la facción criminal.
MANDOS DE SEGURIDAD PÚBLICA BAJO INVESTIGACIÓN
El expediente incluye señalamientos por el cobro de supuestas nóminas paralelas para dar impunidad operativa en las calles:
- Gerardo Mérida Sánchez: Investigado por presuntamente entorpecer operativos militares y policiales mediante la filtración de alertas tempranas.
- Marco Antonio Almanza y Alberto Jorge Contreras (“Cholo”): Acusados de captar cuotas mensuales de hasta 16,000 USD para liberar o garantizar impunidad a sicarios capturados en flagrancia.
- José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”): Mando operativo bajo sospecha por el presunto desvío y tráfico de municiones oficiales de uso exclusivo hacia los grupos armados.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y ALCALDÍAS
- Dámaso Castro Zaavedra: El vicefiscal del estado se encuentra bajo la lupa por la supuesta venta de impunidad penal y la alteración deliberada de escenas del crimen por sobornos estimados en 11,000 USD mensuales.
- Juan de Dios Gámez Mendívil: El alcalde de Culiacán es vinculado en las indagatorias por presuntamente recibir financiamiento en efectivo con la finalidad de inhibir el despliegue de la policía municipal en áreas bajo control del cártel.
- Juan Valenzuela Millán (“Juanito”): Jefe policial señalado por la entrega directa de personas arrestadas a células de ejecución del grupo criminal.
PUNTOS CLAVE DE LA NOTA
- Bloqueo financiero de alto impacto: La Secretaría de Hacienda, mediante la UIF, oficializó la inmovilización preventiva de cuentas bancarias y fondos de inversión pertenecientes al gobernador Rubén Rocha Moya, sus hijos y funcionarios clave de Sinaloa.
- Fundamento del acuerdo: El aseguramiento se instrumentó bajo el Acuerdo 156/2026 de la UIF, operado por la CNBV a través del sistema SITI PLD/FT, otorgando a los bancos un plazo de 10 días para congelar los activos.
- Presión desde Washington y Nueva York: La medida responde a una alerta internacional (LPB 24 Horas) derivada de investigaciones en cortes de Nueva York, donde se solicita formalmente la extradición de los implicados por nexos con la facción de “Los Chapitos”.
- Desmantelamiento económico como prioridad: La estrategia del gobierno federal se centra en asfixiar la base financiera de la presunta red de protección estatal antes de proceder con detenciones por parte de la Secretaría de Seguridad.
- Debido proceso y derecho de defensa: La UIF aclaró que la medida es meramente administrativa y preventiva. Los involucrados, clasificados como Personas Políticamente Expuestas (PEP), conservan su derecho de audiencia y la facultad de interponer recursos legales para intentar liberar sus fondos.
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