La historia de corrupción en la Fiscalía General de la República escaló a un nivel de cinismo institucional sin precedentes, planteando la pregunta inevitable: ¿quién vigila a los vigilantes cuando el propio Órgano Interno de Control opera como una banda de extorsión? La reciente imputación contra Arturo Serrano Meneses y Carlos Enrique Rascón Yrízar revela un esquema donde la fiscalización se convirtió en mercancía, exigiendo sobornos de 6 millones de pesos a cambio de contratos millonarios para la flota vehicular de la dependencia. Lo más alarmante no es solo el uso de recursos públicos y geolocalización oficial para pactar sobornos, sino la desesperada destrucción de evidencia documental en las propias oficinas de la FGR mientras las fuerzas federales ejecutaban el cese de los implicados