Bajo la advertencia de que “la confianza no se decreta por mayoría legislativa”, la Coparmex ha condicionado su respaldo al plan de infraestructura de 5.6 billones de pesos del Gobierno Federal a la existencia de garantías reales de seguridad y certidumbre jurídica. El sector patronal señala que el ambicioso despliegue de obras será inoperante si persiste el asedio criminal en las rutas logísticas y si la actividad legislativa continúa erosionando la autonomía institucional, factores que hoy actúan como un freno de mano para la inversión. Para el empresariado, el éxito del sexenio depende de que el Estado pase de las cifras alegres a un combate frontal a la extorsión y al respeto irrestricto de las reglas del juego, especialmente ante la renegociación del T-MEC