La reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario de parálisis legislativa debido a una fractura interna con sus aliados del PT y el PVEM, quienes rechazan la eliminación de plurinominales y la reducción del financiamiento público por considerarlo una amenaza a su supervivencia política. Esta falta de mayoría calificada, sumada a la cercanía del límite constitucional de 90 días antes del proceso electoral de 2027, ha llevado a analistas y opositores a afirmar que la iniciativa “nació muerta”, ya que cualquier retraso adicional la haría jurídicamente inaplicable, convirtiéndola más en una herramienta de contraste político que en un cambio estructural viable para el sistema democrático mexicano