La reforma electoral detonó un choque frontal en el INE: consejerías divididas se enfrentan por temas que van desde la fiscalización de nuevos actores políticos hasta las sanciones a ciudadanos que rechacen ser funcionarios de casilla. El debate también alcanza la elección judicial, donde se cuestiona si el Instituto debe administrar tiempos de radio y televisión o entregar constancias de mayoría. Las posturas exhiben un dilema mayor: ¿el INE debe ser un árbitro limitado o un poder expansivo capaz de invadir competencias de otros órganos?