LANOTA– La Suprema Corte de Justicia de la Nación informó la compra de nueve nuevas camionetas blindadas para los ministros. La medida se justificó en razones de seguridad institucional y en la necesidad de sustituir vehículos que ya no cumplían con los estándares de protección.
Las camionetas serán Jeep Grand Cherokee último modelo, valoradas hasta en $1.7 millones de pesos, cada una.
SEGURIDAD VS. PERCEPCIÓN PÚBLICA
Aunque la Corte asegura que la renovación se realizó conforme a la norma interna de 2019 y sin aumentar el gasto patrimonial —pues se retiraron más unidades de las que se adquirieron—, la decisión genera críticas. En un país donde la inseguridad afecta a millones de ciudadanos sin acceso a protección especial, la prioridad de blindar a los ministros resulta difícil de conciliar con la percepción pública.
USO DE RECURSOS
El máximo tribunal subrayó que la acción responde a criterios de prevención y responsabilidad, descartando discrecionalidad y reafirmando su compromiso con el uso racional de recursos públicos. Sin embargo, el anuncio llega en plena cuesta de enero, lo que alimenta la discusión sobre el contraste entre los beneficios de la élite judicial y las dificultades económicas de la población.
RESOLUCIONES EN PARALELO
En el ámbito jurisdiccional, la Corte resolvió que las indemnizaciones contra el Ministerio Público por actos u omisiones deben tramitarse únicamente por la vía administrativa. El criterio se fijó tras revisar un caso en la Ciudad de México, donde una persona estuvo privada de su libertad por casi dos décadas antes de ser absuelta.
PROTECCIÓN A MENORES
El Pleno también abordó el caso de una menor víctima de violencia sexual y revocó la orden de repetir un juicio familiar, al considerar que ello implicaba un riesgo de revictimización. La decisión fue presentada como muestra del compromiso de la Corte con el interés superior de la niñez.
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