El estatus jurídico del caso sinaloense presenta una marcada asimetría: mientras que el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador en funciones permanecen protegidos por el fuero constitucional, lo que impide su detención inmediata sin un previo juicio de desafuero, todos los demás involucrados sí pueden ser detenidos con fines de extradición de manera directa. Esta distinción técnica permite que la FGR actúe sin obstáculos contra el resto de los coacusados, mientras que la entrega de los altos funcionarios depende exclusivamente de la buena voluntad de la mayoría de Morena para retirarles la inmunidad procesal y agilizar la cooperación internacional.