LANOTA.MX– El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra los exagentes de la DEA, Paul Campo y Robert Sensi, señalados por delitos de narcoterrorismo, terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Ambos fueron detenidos en Nueva York y puestos a disposición de la Corte del Distrito Sur, bajo la conducción del juez Paul G. Gardephe.
DETALLES DE LA ACUSACIÓN
De acuerdo con el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, los exagentes habrían conspirado para fortalecer al CJNG, organización vinculada con miles de muertes en México y Estados Unidos. La acusación sostiene que Campo y Sensi lavaron cientos de miles de dólares y tenían pactado blanquear hasta 12 millones adicionales.
EXPERIENCIA AL SERVICIO DEL CRIMEN
Campo, con más de 25 años de trayectoria en la DEA y experiencia en operaciones financieras, habría utilizado sus conocimientos para facilitar el tráfico de cocaína en Nueva York. Junto con Sensi, planearon la conversión de 750 mil dólares en criptomonedas y la inversión de otros recursos en bienes raíces. Además, acordaron un pago por 220 kilogramos de cocaína, con ganancias estimadas en 5 millones de dólares.
ARMAS, DRONES Y FENTANILO
Las acusaciones revelan que el plan criminal iba más allá del narcotráfico. Los exagentes asesoraron a supuestos miembros del CJNG en la producción de fentanilo y exploraron la compra de drones comerciales y armamento militar —incluidos rifles AR-15, M4, M16 y lanzagranadas— para ataques. En conversaciones registradas, se mencionó la capacidad de los drones para transportar hasta seis kilogramos de explosivo C-4, con potencial destructivo masivo.
UN PROYECTO DE ALCANCE TERRORISTA
Las autoridades describen el caso como un intento de crear un brazo terrorista transnacional, utilizando técnicas de guerra y recursos financieros con apoyo de exfuncionarios que conocían los mecanismos de control institucional.
POSIBLES PENAS
Campo y Sensi enfrentan cargos que podrían derivar en cadena perpetua:
- Conspiración para cometer narcoterrorismo: mínimo 20 años.
- Conspiración para distribuir cocaína: mínimo 10 años por delito.
- Conspiración para proveer apoyo material a organización terrorista extranjera: hasta 20 años.
- Conspiración para lavado de dinero: hasta 20 años.
La gravedad del caso refleja la intención de la justicia estadounidense de sancionar no solo a los cárteles, sino también a quienes, desde posiciones de poder y conocimiento institucional, se convierten en sus aliados logísticos y financieros.
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